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INFORMACION FISCAL A 013 NOVIEMBRE 2015

 

El Ministerio de Hacienda ha instado por carta a la Generalitat a presentar un nuevo programa de ajustes de 1.318 millones de euros antes del 15 de noviembre para cumplir los objetivos de déficit, la Consejería de Economía catalana.

La carta ha sido enviada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, para reclamar un nuevo programa de ajustes por esta cantidad para contrarrestar el gasto descubierto el pasado mes por la misma cuantía y referente a inversiones público-privadas anteriores a 2011.

Fuentes del Govern han explicado que la Consejería ha contestado también por carta señalando que se trata de un "apunte contable" por un desacuerdo de criterio entre la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y Eurostat sobre cómo contabilizar el déficit de inversiones públicoprivadas pasadas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha decidido llevar al Ministerio de Hacienda ante la Audiencia Nacional.

De acuerdo con esta información, que cita un documento de la institución, la AIReF ha recurrido a esta vía "en defensa" de su "autonomía e independencia", ya que considera que el Ministerio de Hacienda obstaculiza su labor supervisora de la lucha contra el déficit. Especifica que el Ministerio "establece obstáculos" al derecho del organismo a acceder a información de forma ágil y flexible de, sobre todo, comunidades autónomas. Este organismo independiente tiene la función de supervisar las cuentas cuentas públicas.

En concreto, la Autoridad fiscal, que dirige José Luis Escrivá, se refiere una orden ministerial firmada por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se "extralimita" y "vulnera la autonomía e independencia de la AIReF", por lo que presentará una denuncia de impugnación ante la Audiencia Nacional por lo contencioso administrativo.

Una reciente resolución del TEAC aborda el caso de un contribuyente que fue declarado responsable de la deuda de su empresa en concepto de IVA e impuesto sobre sociedades.

Tras no abonar el importe requerido en período voluntario, la Agencia Tributaria inició el procedimiento de apremio y el embargo preventivo de los bienes del contribuyente. Para evitar perder parte de su patrimonio, donó a sus tres hijos –uno de ellos de ocho años– una finca. La Agencia Tributaria entendió que se había producido un vaciamiento patrimonial y declaró responsables solidarios a los hijos, incluyendo al menor de edad.

Hacienda defiende que se trata de evitar que los vaciamientos patrimoniales con menores queden impunes.

El contribuyente recurrió y el Tribunal Económico-Administativo Regional de Madrid (TEAR) le dio la razón al considerar que para que pueda exigirse responsabilidad solidaria, debe apreciarse una intención de colaborar con el deudor a ocultar bienes. Obviamente, ello no sucede en el caso de un niño de ocho años. La resolución del TEAR de Madrid disparó las alarmas en Hacienda al ver cómo se cerraba una de las vías para luchar contra los vaciamientos patrimoniales a favor de menores.

Hacienda argumentó que la decisión abría la puerta a que la ocultación de bienes quedara impune cuando intervinieran niños y presentó un recurso de alzada para la unificación de criterio ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Este órgano emitió una resolución el pasado mayo y se alineó con la postura de la Administración.

El TEAC concluye que un menor de edad sí puede ser declarado responsable solidario. La resolución, que tiene efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria, reconoce que la legislación contempla la “inimputabilidad del menor de edad en la comisión de infracciones tributarias”, sin embargo, añade que ello no impide que se declare responsable solidario a un menor de una deuda fiscal. Por otra parte, el TEAC apoya su tesis en una sentencia de la Audiencia Nacional sobre los efectos de la representación legal de los padres sobre los hijos.

 

Imagen de Josep Navarro
Josep Navarro es Licenciado en Económicas por la UB, especializado en Inspecciones Tributarias, con más de 25 años de experiencia en asesoría fiscal para empresas y particulares en España.