INFORMACION FISCAL A 20 FEBRERO 2015

El Gobierno griego ha presentado ya una "solicitud de extensión por seis meses", según ha informado el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en su cuenta de Twitter, quien también ha anunciado que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reunirán el viernes en Bruselas para discutir la propuesta.

Aunque todavía se desconocen las condiciones en las que ha pedido esa prolongación, el hecho de que Dijsselbloem haya decidido convocar al resto de ministros se puede interpretar como una señal de que al menos existe una base para sentarse a negociar.

En los últimos días, el Ejecutivo heleno se había mostrado dispuesto a pedir una extensión del crédito asociado al programa de rescate, pero no de todas las condiciones asociadas a él. Sin embargo, el resto de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro dejaron claro el lunes pasado que si Grecia quiere una extensión del crédito también debe asumir sus condiciones y que luego, a posteriori, se podrían analizar posibles modificiaciones.

La Seguridad Social perdió 36.583 cotizantes extranjeros en enero, un 2,3% en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.516.056 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ha recordado que enero es un mes en el que siempre decrece la ocupación.

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.271.672 cotizaban al Régimen General; 240.614 al de Autónomos; 3.511 al del Mar, y 259 al del Carbón.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó en enero en 1.235 cotizantes, con un avance interanual del 0,08%. Es la primera tasa interanual positiva de la afiliación de extranjeros desde 2008 tras los continuos descensos de los últimos meses de enero, en los que se llegaron a registrar caídas del 6%.

La Audiencia de Madrid resuelve que un juzgado reabra la investigación sobre la exdirectora de Gestión Tributaria y el exdirector de Inspección por facilitar las declaraciones complementarias de más de 500 nombres de la lista de clientes del HSBC sospechosos de fraude fiscal.

Cuatro años y medio después, la Audiencia de Madrid da la razón al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) e imputa a dos responsables de Hacienda por el caso Falciani. María Dolores Bustamante, exdirectora de Gestión Tributaria, y Carlos Cervantes, exdirector de Inspección pudieron cometer un delito de prevaricación al permitir realizar una declaración complementaria a decenas de personas que aparecían en la lista de evasores facilitada por el Gobierno francés, en lo que se considera una “amnistía fiscal” encubierta. La Audiencia no descarta nuevas imputaciones, aunque exonera de momento a Juan Manuel López Carbajo, director general en aquel entonces. El escrito de la Audiencia resuelve que el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid reabra un caso que archivó e investigue el papel de Bustamante y Cervanyes.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmadó el pasado martes en el pleno del Senado que la

Así contestaba el ministro Montoro a una pregunta de Jesús Iglesias del Grupo Mixto quien preguntó por las actuaciones adoptadas por la Agencia Tributaria contra los españoles que aparecen en la lista de clientes del HSBC suizo. El titular de la cartera de Hacienda ha recordado que “la mayor parte” de la información destapada por el informático Hervé Falciani eran datos que ya tenía la Agencia Tributaria en 2010  o, por otro lado, no eran relevantes porque no tenían residencia fiscal en nuestro país o bien habían regularizado su situación con anterioridad.

Hacienda fiscalizó las dos cuentas en las que, según Bankia, Caja Madrid cargó los gastos efectuados por los exconsejeros y exdirectivos de la caja imputados por el escándalo de las tarjetas opacas, según las actas que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional.

Dichas actas de conformidad, correspondientes al Impuesto de Sociedades de 2004, 2005 y 2006 y firmadas por el inspector y un representante de Bankia y otra de la Fundación Caja Madrid el 7 de junio de 2013, a las que ha tenido acceso Efe, demuestran que la Agencia Tributaria inspeccionó esas cuentas durante años.

Sin embargo, esto no quiere decir que Hacienda conociera la existencia de las polémicas tarjetas, sino que inspeccionó las cuentas en las que se cargaron algunos de sus gastos y pudo pedir detalles a Caja Madrid de determinados gastos para ver si eran deducibles.