Resumen Informativo a 5 de Diciembre

El número de parados inscritos registró un descenso de 2.475 personas en noviembre,

según datos del Ministerio de Empleo. En cambio el número de afiliados a la Seguridad Social descendió en 66.829 afiliados. Desciende la contratación fija (un 6,15% menos) y repunta la contratación temporal (un 9% más que en 2012). Un informe de PricewaterhouseCoopers, “La economía española en 2033”, señala que “España conseguirá alinear en 2033 su tasa de desempleo con la de los países de nuestro entorno y situarla en el 6,8%. Ahora bien, incluso en este escenario tardaremos más de 15 años en situarla por debajo del 10% y de 20 años en volver a crear el empleo destruido durante la crisis".

Contratar a un empleado durante un año en contrato en pruebas y sin derecho a indemnización

si se le despide dentro de este periodo, como permite la reforma laboral, no se ajusta al derecho internacional. Así lo ha dictaminado una sentencia del juzgado de lo Social 2 de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido, el pasado marzo, de un trabajador a quien la empresa echó cuando faltaban ocho días para que finalizara el contrato indefinido de apoyo a emprendedores que le habían hecho.  El término exacto que utiliza la magistrada es que “inaplica” la reforma laboral, haciendo prevalecer la normas superior jerárquica,  el artículo 4.4 de la Carta Social Europea y "la juez considera que un periodo de prueba tan largo como 12 meses no es razonable".

Fomento y el BEI ultiman un fondo de 200 millones de euros para apoyar la renovación de flotas de autobuses y camiones

facilitando financiación al 50% con las entidades financieras. Además, habilitará una línea de 10.000 euros para el achatarramiento de los vehículos antiguos. Así se lo transmitió el director general de Transporte Terrestre el Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral, a la patronal de empresas de transporte en autobús Asintra en última reunión de su junta directiva, según informó esta asociación. En el encuentro, Fomento se refirió al anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española para explicar que, en virtud de la misma, será preciso establecer un nuevo sistema de revisión de los precios de los servicios regulares de uso general.

La morosidad de las administraciones públicas con los autónomos se ha reducido

en 877 millones de euros en el trimestre que abarca desde septiembre hasta noviembre, lo que supone una disminución del 18,2%, tal y como se desprende del Observatorio del Trabajo Autónomo, elaborado por la Federación Nacional de ATA. Los periodos medios de pago se han reducido desde los 144 días hasta los 129 días, aún muy por encima de los 30 días que establece la normativa. el periodo de pago de las empresas privadas a los autónomos se mantiene en los 85 días del anterior informe.

La TGSS ha dispuesto este lunes de 5.000 millones de euros del Fondo de Reserva

para pagar las pensiones este mes, en el que debe afrontar el abono de dos mensualidades: la nómina ordinaria y la paga extraordinaria. Según ha informado el Ministerio de Empleo, el 20 de diciembre sacará de la llamada 'hucha de las pensiones' otros 428 millones de euros para liquidar el IRPF de estas prestaciones, que rondará los 1.000 millones de euros. El total de las disposiciones del Fondo de Reserva realizadas en los años 2012 y 2013 hasta el 20 de diciembre alcanzan los 18.651 millones de euros.

Un nuevo ecosistema financiero.

El presidente del BBVA, Francisco González, ha augurado que en dos décadas se va a pasar de 20.000 bancos "analógicos" actuales en todo el mundo a no más de varias decenas de entidades "digitales". "Los bancos están perdiendo su monopolio de la banca. Depende de cada uno para hacer frente al desafío de ofrecer los servicios de información (bancarios o de otro tipo) que la gente necesita". Además, ha estimado que en dos o tres años, sólo el 5% de la interacción con los clientes será a través de las sucursales.

La comisión de Empleo del Parlamento Europeo pide más inspecciones laborales para

controlar las prácticas ilegales en empresas contra los trabajadores más vulnerables, como las personas no aseguradas. El texto pide a las autoridades que "refuercen" el papel del inspector de trabajo "con tal de asegurar que se cumple la seguridad y la salud en el trabajo y que se hacen efectivas las contribuciones a la seguridad social". El informe alerta que la reducción de inspecciones que los gobiernos fundamentan en los recortes presupuestarios está llevando a un deterioro de las condiciones de trabajo, así como incentivando el trabajo no declarado, que además dificulta también el crecimiento económico.

La desaparición de los procuradores podría salir muy cara a las arcas públicas

y, concretamente, al Ministerio de Justicia. El subsecretario de Estado de Justicia describe los problemas reales que puede implicar para su departamento la aprobación del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en sus actuales términos. Los abogados también cuestionan la reforma, pero con mayor incidencia en la colegiación obligatoria. Señalan que las distinciones entre abogados dependiendo de la relación que mantengan con el empleador (laboral o mercantil) crea confusción porque, en una primera lectura, parece que sólo quedan fuera los abogados de empresa, pero se desconoce si, con el real decreto de 2006 que estableció la relación laboral de los abogados contratados por los despachos, también estos quedarían eximidos.

La crisis económica está propiciando una renegociación de los arrendamientos de locales

comerciales, industriales y de oficinas que, en ocasiones, concluye con la salida anticipada del arrendatario. La máxima de que los contratos deben cumplirse en sus estrictos términos siempre ha tenido excepciones, y las actuales circunstancias económicas parecen revelarse como un motivo suficiente para su modificación. La vía más controvertida, proviene de la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, cláusula que se considera está implícita en todos los contratos y conforme a la cual éstos se suscriben siempre sobre la base de las circunstancias existentes al momento de su firma, de modo que la alteración de éstas, de forma importante, a lo largo de la vida del contrato, legitimaría su modificación y, en última instancia, su resolución.