1. Que en el desarrollo de la actividad de arrendamiento concurran las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 35/2006 (local exclusivamente afecto y persona empleada con contrato laboral y a jornada completa).
2. Que no exista vinculación, directa o indirecta con los arrendatarios o cesionarios de los locales en los términos del art. 16.3 del TRLIS.
3. Que no se trate de operaciones de arrendamiento financiero.
4. Y que los bienes inmuebles destinados al arrendamiento se afecten a alguna de las siguientes actividades:
a. Al arrendamiento de viviendas protegidas por la entidad promotora de las mismas.
b. A las actividades turísticas a que se refiere la ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, con independencia del lugar donde se encuentre el inmueble.
c. Al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la sección primera de las tarifas del IAE.
d. Al desarrollo de actividades en zonas comerciales situadas en áreas cuya oferta turística se encuentre en declive.
(Art. 27.8 Ley 19/1994)
Adicionalmente a lo anterior, la parte de la inversión en el inmueble dedicado al arrendamiento que corresponda al suelo deberá cumplir los requisitos específicos previstos para el mismo.
