La aplicación de la exención, del artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), a la plusvalía generada en sede de la entidad consultante como consecuencia de la transmisión de su participación en la entidad A exige, entre otros requisitos, que se ostentara una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad A de, al menos, un 5 por ciento, poseída de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se produzca la transmisión.
De conformidad con los datos de la consulta, la entidad X participaba en A con un porcentaje del 11,7% (un 8,9% directamente y un 2,83% indirectamente a través de B).
En concreto, del 8,9% del capital social de A, ostentado directamente por la entidad consultante, un 7,76% se corresponde con las acciones de clase B que, en septiembre de 2015, se sustituyeron por acciones ordinarias. Los datos de la consulta afirman que la sustitución de las acciones de clase B por acciones ordinarias de la entidad A determinan los mismos derechos económicos y políticos.
En conclusión, la operación de canje de las acciones clase B, en relación a las cuales no se produce una modificación de los derechos económicos y políticos, efectuada en septiembre de 2015, no afecta al período de tenencia de la participación, en la medida en que la entidad X mantiene el mismo porcentaje de participación en el capital social de A así como los mismos derechos económicos y políticos antes y después del canje.
Por tanto, se puede afirmar que X ha transmitido una participación en relación a la cual ostentaba un porcentaje, directo o indirecto, de, al menos, un 5 por ciento, poseída de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se produjo la transmisión, puesto que ostentaba un porcentaje directo del 7,76% que se corresponde con las acciones de clase B cuyo canje no interrumpió el periodo de tenencia ininterrumpido durante el año anterior al día en que se produjo la transmisión.
No obstante, la continuidad de los derechos económicos y políticos de las acciones clase B es una cuestión de hecho que deberá ser probada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ante los órganos competentes de la Administración Tributaria.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



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