• English
  • Español

Impuesto de sociedades - V0570-15 - 12/02/2015

Número de consulta: 
V0570-15
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
Fecha salida: 
12/02/2015
Normativa: 
Ley 27/2014, de 5 de marzo, arts. 76.1 y 89.2
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, art.7
Descripción de hechos: 
<p>La entidad consultante es una asociación sin fines lucrativos que tiene por objeto contribuir mediante la promoción y el desarrollo de las actividades de normalización y certificación y otras afines a las mismas, mejorar la competitividad de las empresas, sus productos, servicios y procesos, así como proteger el medio ambiente y asegurar la calidad de las actividades desarrolladas por tales empresas contribuyendo con ello a la consecución de la excelencia empresarial y el bienestar de la sociedad.La consultante tiene en España oficinas en todas las Comunidades Autónomas así como presencia permanente en doce países a través de la sociedad mercantil A, en la que ostenta el 100% del capital social. En el campo de los ensayos, la consultante cuenta con una participación del 85% en la mercantil B, cuya actividad incluye la realización de ensayos de conformidad y estudios técnicos, así como mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones.Los órganos de gobierno de la asociación consultante se están planteando reorganizar el modelo institucional de la asociación. Esta operación de reestructuración consistiría en mantener a la asociación como entidad encargada de gestionar los procesos de normalización y cooperación internacional, y transferir el resto de actividades mercantiles a la mercantil A.En concreto, las actividades que la consultante mantendría serían:- La de normalización, rama de actividad ligada a la elaboración de normas.- Cooperación internacional, se trata de una actividad claramente vinculada con los miembros de organismos internacionales y europeos de normalización.- Las áreas de apoyo como administración y finanzas, recursos humanos y servicios generales, comunicación, asesoría jurídica e informática.En estos casos conservaría los activos y pasivos vinculados a dichas ramas de actividad así como el personal adscrito a las mismas.Por su parte, las ramas de actividad que serán objeto de transmisión a la entidad A son:- La evaluación de la conformidad, que incluye la certificación, los ensayos y la inspección- La actividad de formación, ya que la consultante ofrece cursos directamente relacionados con la certificación de sistemas o de producto, y otros como de gestión de proyectos, satisfacción del cliente, comunicación, recursos humanos o habilidades directivas.- Los servicios de información que incluyen la venta de normas, por ejemplo ISO, la venta de libros técnicos o los servicios de información en materia de normas, reglamentos técnicos y de soporte para la exportación- Las áreas de apoyo y relaciones institucionales, vinculadas a la evaluación de la conformidad, dentro de las que se encuentran la Dirección de Calidad y Responsabilidad Social, responsable de afianzar una estrategia de acreditación del grupo y asegurar el funcionamiento del comité para la imparcialidad; y la Dirección de Relaciones Institucionales, cuya actividad se encuentra ligada al desarrollo y representación institucional de las actividades de evaluación de la conformidad.Asimismo, traspasarían todos los activos y pasivos vinculados a dichas ramas así como el personal adscrito a dichas actividades. No obstante, no se incluiría dentro de los elementos patrimoniales que se traspasarían a A, la totalidad de los denominativos y marcas vinculados a dichas actividades, ya que la consultante mantendrá la titularidad de los mismos.Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación de reestructuración son:-Desde el punto de vista económico, conseguir un ahorro de costes mediante la simplificación administrativa y de obligaciones mercantiles, gracias al mejor control de las actividades y a la especialización.-Desde el punto de vista organizativo se pretende dotar a la entidad de una mayor agilidad e independencia en la toma de decisiones; así como racionalizar los recursos humanos y los servicios administrativos.-Optimizar y mejorar la imagen externa: concentrando de forma exclusiva en una única compañía todo el negocio del agua, lo que mejoraría su percepción externa y su capacidad comercial a la hora de gestionar nuevos contratos y concesiones.</p>
Cuestión planteada: 
<p>1. Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.2. Si la operación de reorganización propuesta constituye un supuesto de no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre</p>
Contestación completa: 

1. El capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre (BOE de 28 de noviembre), del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS), regula el régimen fiscal especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

En primer lugar, hay que señalar que el artículo 76.6 establece:

“El régimen tributario previsto en este capítulo será igualmente aplicable a las operaciones en las que intervengan sujetos pasivos de este impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las operaciones mencionadas en los apartados anteriores.”

En este sentido la letra a) del artículo 7.1 de la LIS establece que serán contribuyentes, cuando tengan su residencia en territorio español las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. Por tanto, el régimen tributario previsto en el capítulo VII del título VII de la LIS podrá aplicarse a la operación de aportación no dineraria planteada siempre y cuando se cumplan los requisitos recogidos en el citado capítulo VII.

Al respecto, el artículo 76.3 de la LIS establece que “Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de la entidad adquirente.”.

A efectos mercantiles el artículo 68 de la Ley 3/2009, de 3 de abril (BOE de 4 de abril), sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, incluye como una de las modalidades de escisión a la segregación, definida en su artículo 71 como “el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias”. Dado que a efectos de la aplicación del régimen especial del capítulo VII del título VII de la LIS se regula específicamente la figura de la aportación no dineraria de ramas de actividad a que anteriormente se ha hecho referencia, será en este último concepto en el que se encuadraría la operación planteada a efectos de la aplicación del régimen especial.

A tal efecto, el artículo 76.4 de la LIS establece que:

“4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la entidad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan.”.

Así pues, sólo aquellas operaciones de aportación no dineraria de ramas de actividad en las que el patrimonio aportado constituya una unidad económica y permita por sí mismo el desarrollo de una explotación económica en sede de la adquirente podrán disfrutar del régimen especial del capítulo VII del título VII de la LIS. Ahora bien, tal concepto fiscal no excluye la exigencia, implícita en el concepto de “rama de actividad”, de que la actividad económica que la adquirente desarrollará de manera autónoma exista también previamente en sede de la transmitente, permitiendo así la identificación de un conjunto patrimonial afectado o destinado a la misma.

En consecuencia, en la medida en que el patrimonio transmitido determine la existencia de una explotación económica en sede de la sociedad transmitente, constitutiva de una rama de actividad que se segrega y transmite en su conjunto a la entidad adquirente, de tal manera que ésta podrá seguir realizando la misma actividad en condiciones análogas, la operación a que se refiere la consulta podría cumplir los requisitos formales del artículo 76.3 de la LIS para acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VII de su título VII de la LIS.

Estas circunstancias parecen cumplirse, en el caso planteado. Puesto que los bloques transmitidos parecen constituir ramas de actividad diferenciadas, ya que, por un lado, nos encontramos con tres actividades diferenciadas, la de evaluación de la conformidad, la de formación y la de servicios de información; y, por otro, las áreas de apoyo y relaciones institucionales, que de acuerdo con el texto de la consulta se encuentran vinculadas a la evaluación de la conformidad, por lo que no constituiría una rama independiente sino que debe entenderse que forma parte de la rama de actividad a la que presta servicios de apoyo (evaluación de la conformidad).

Por tanto, en la medida en que cada uno de los bloques patrimoniales cuenta con una organización diferenciada de medios materiales y humanos necesarios, que permiten desarrollar dichas actividades de forma autónoma y diferenciada, siendo determinantes de cuatro ramas de actividad (ganadera, cerealista, cultivo de aceituna de mesa y cultivo de aceituna para prensa), en los términos previstos en el artículo 76.4 de la LIS.

Si bien, la concurrencia de gestión y organización diferenciada para la existencia de rama de actividad son cuestiones de hecho que el sujeto pasivo deberá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y cuya valoración corresponderá, en su caso, a los órganos competentes en materia de comprobación de la Administración tributaria.

Por tanto, las aportaciones de las ramas de actividad de evaluación de la conformidad (incluyendo los servicios de apoyo y relaciones institucionales), la de formación y la de servicios de información, se podrán calificar de aportaciones no dinerarias de rama de actividad, en los términos dispuestos en el artículo 76.3 de la LIS.

De acuerdo con los datos recogidos en el escrito de la consulta, la entidad consultante pretende aportar la totalidad de elementos patrimoniales afectos a las actividades que van a ser objeto de transmisión, salvo determinadas marcas y denominaciones vinculadas a dichas actividades, que se mantendrán en el patrimonio de la consultante. La delimitación del concepto legal de "rama de actividad" no está condicionada por el hecho de que no se incluya dentro del patrimonio segregado algún elemento que pudiera estar total o parcialmente afecto en la entidad transmitente a la correspondiente explotación económica, siempre que tal elemento no sea esencial ni relevante para el desarrollo de dicha explotación, de manera que la actividad se desarrolle en condiciones económicas equivalentes antes y después de la transmisión.

Por tanto, la aportación de los activos y pasivos afectos a la actividad desarrollada por la entidad consultante, se podrá calificar de aportación no dineraria de rama de actividad, en los términos dispuestos en el artículo 83.3 de la LIS.

Adicionalmente, el artículo 89.2 de la LIS dispone que el régimen fiscal especial regulado en el capítulo VII del título VII de la LIS no se aplicará "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal."

Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activo, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro, que justifica que a las mismas les sea aplicable dicho régimen en lugar del régimen general establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral.

Por el contrario, cuando la causa que impulsa la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.

En el escrito de consulta se indica que estas operaciones se realizan con la finalidad de conseguir un ahorro de costes mediante la simplificación administrativa y de obligaciones mercantiles, gracias al mejor control de las actividades y a la especialización; dotar a la entidad de una mayor agilidad e independencia en la toma de decisiones; así como racionalizar los recursos humanos y los servicios administrativos. Estos motivos se consideran económicamente válidos a los efectos de lo previsto en el artículo 89.2 de la LIS.

2. El artículo 7 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone lo siguiente:

“No estarán sujetas al Impuesto:

1º. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro, de esta Ley”.

La redacción del número 1º, del artículo 7 de la Ley supone la actualización de los supuestos de no sujeción de las transmisiones globales de patrimonio para adecuar la Ley 37/1992 a la jurisprudencia comunitaria establecida fundamentalmente por la sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2003, recaída en el Asunto C-497/01, Zita Modes Sarl y de 10 de noviembre de 2011, recaída en el Asunto C-444/10, Christel Schriever.

En este sentido, el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 40 de la sentencia de 27 de noviembre de 2003, que “el concepto de «transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes» debe entenderse en el sentido que comprende la transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión de bienes, como la venta de existencias”.

Por lo que respecta a una “universalidad total de bienes” existen pocas dificultades. Se trata de la cesión de una empresa en su totalidad que comprenderá una serie de elementos diferentes, incluyendo tanto elementos materiales como inmateriales.

El concepto de «universalidad parcial de bienes» se refiere no a uno o varios elementos individuales, sino a una combinación de éstos suficiente para permitir la realización de una actividad económica, aunque esa actividad sólo forme una parte de una empresa más amplia de la que ha sido segregada. El vínculo que aglutina esos elementos consiste en que su combinación permite la realización de una actividad económica determinada, o un conjunto de actividades, mientras que cada uno de ellos por separado sería insuficiente para ello.

Debe tenerse en cuenta que el criterio establecido por ese Tribunal ya había sido reiteradamente aplicado por este Centro Directivo en contestación a consultas tributarias, criterio claramente confirmado por la vigente redacción del artículo 7.1º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Así, en relación con la operación de escisión parcial de determinadas actividades a favor de una sociedad participada, resulta que se transmiten la totalidad de los activos y pasivos asociados a dichas actividades.

De acuerdo con la información suministrada, los elementos que se transmiten constituyen una unidad económica autónoma en la medida en que los mismos son susceptibles de desarrollar, por sus propios medios, una actividad económica.

En estas circunstancias y a falta de otros elementos de prueba, la referida escisión parcial de la actividad estará no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, por aplicación del artículo 7.1º de la Ley 37/1992.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.