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Impuesto de sociedades - V1899-21 - 17/06/2021

Número de consulta: 
V1899-21
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
Fecha salida: 
17/06/2021
Normativa: 
LIS / Ley 27/2014, arts. 76-5, 80-1 y 89-2
Descripción de hechos: 

La persona física consultante es titular directo y único de las siguientes participaciones empresariales: el 100% de la entidad A y el 100% de la entidad B, la cual ostenta a su vez el 100% del capital social de la entidad C. La principal actividad del grupo conformado por estas tres sociedades está centrada en los medios de comunicación, en especial la edición de noticias y prensa en formato digital. El consultante tiene previsto agrupar todas las participaciones en sede de una sociedad holding, desde la que se administrará, dirigirá y gestionará las citadas entidades participadas. Para ello, el consultante prevé aportar mediante una ampliación de capital sus participaciones en la entidad B a la sociedad destinada a ser la holding del grupo, la entidad A. Los motivos económicos por los que se llevará a cabo esta operación son:

- Crear una sociedad holding desde la cual dirigir y gestionar de manera eficaz el conjunto de participaciones y actividades del grupo.

- Centralizar de forma eficiente y coordinada para todo el grupo los servicios de administración y contabilidad, dirección financiera, etc.

- Promover desde la entidad holding la creación de diferentes sociedades participadas a los efectos de iniciar nuevos negocios.

- Permitir concretar mejor la imagen del grupo mediante la creación de una entidad cabecera representativa.

- Separar los riesgos inherentes a las distintas actividades desarrolladas en las participadas existentes respecto de las que se puedan crear.

Cuestión planteada: 

Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y si existen motivos económicos válidos.

Contestación completa: 

El Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

El artículo 76.5 de la LIS, establece que:

“5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto en ella, o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.”

A su vez, el artículo 80.1 de la LIS condiciona la aplicación del régimen fiscal del canje de valores al cumplimiento de dos requisitos:

“1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos del capital social de una entidad residente en España.

Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las personas o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión del canje de valores, siempre que a la operación le sea aplicación el régimen fiscal establecido en el presente Capítulo o se realice al amparo de la Directiva 2009/133/CE del Consejo de 19 de octubre relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canje de valores realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los canjeados.

b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/133/CE.”

En la medida en que la entidad beneficiaria (entidad A) adquiera participaciones en el capital social de otra (entidad B), que le permita obtener la mayoría de los derechos de voto de la misma (en concreto, el 100%) y concurran el resto de las circunstancias del artículo 80.1 de la LIS, anteriormente citadas, se podrá aplicar a la operación planteada el régimen especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa.

Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS respecto a la operación de canje de valores, según el cual:

“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.”

(…)”.

Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones.

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.

En el escrito de consulta se indica que la operación se realiza para conseguir los siguientes objetivos:

- Crear una sociedad holding desde la cual dirigir y gestionar de manera eficaz el conjunto de participaciones y actividades del grupo.

- Centralizar de forma eficiente y coordinada para todo el grupo los servicios de administración y contabilidad, dirección financiera, etc.

- Promover desde la entidad holding la creación de diferentes sociedades participadas a los efectos de iniciar nuevos negocios.

- Permitir concretar mejor la imagen del grupo mediante la creación de una entidad cabecera representativa.

- Separar los riesgos inherentes a las distintas actividades desarrolladas en las participadas existentes respecto de las que se puedan crear.

Los motivos señalados podrían considerarse válidos a los efectos del artículo 89.2 de la LIS, anteriormente reproducido, si bien se trata de cuestiones de hecho.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otros hechos y circunstancias no mencionados, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de los hechos y circunstancias previos, simultáneos y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.