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Impuesto de sociedades - V1999-19 - 01/08/2019

Número de consulta: 
V1999-19
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
Fecha salida: 
01/08/2019
Normativa: 
LIS/ Ley 27/2014 arts 76.5, 80.1 y 89.2
Descripción de hechos: 

La sociedad A es una entidad constituida en 2015 y cuyo objeto social es:a) La comercialización, incluido comercio mayor y menor de toda clase de productos alimenticios, incluidos congelados, especialmente frutas, verduras y hortalizas y subproductos derivados; la industrialización y refrigeración de los mismos y su envasado.b) La compraventa de solares, terrenos y toda clase de fincas rústicas, urbanas, pisos, locales y apartamentos e inmuebles en general.c) La urbanización, parcelación y reparcelación de terrenos.d) La promoción inmobiliaria, así como la construcción por cuenta propia o ajena de inmuebles, su rehabilitación y reforma y la realización tanto de obras públicas como privadas.e) La explotación de forma directa o indirecta de toda clase de edificios y fincas en general, incluso tomando o dando en arriendo o en cualquier forma.Esta sociedad, se encuentra integrado en un grupo de empresas dedicado a tres actividades fundamentalmente como son la distribución de productos alimentarios al por menor, la promoción inmobiliaria y la construcción. Las sociedades que integran el grupo además de la ya mencionada sociedad A son las sociedades B, C, D, E, F, y G, estando todas ellas participadas en distinto grado por los padres, PF1 y PF2, y su cuatro hijos. La sociedad A se encuentra participada por tres de los hijos.Con el fin de dotar de una mayor simplicidad, unicidad y racionalidad a la estructura la sociedad A se está planteando llevar a cabo una operación de aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias de títulos en otras sociedades del grupo familiar. En concreto los padres PF1 y PF2 aportarían participaciones, que detentan desde hace más de un año, y pasarían a ser los socios mayoritarios de la sociedad A.PF1 aportaría acciones de la sociedad B representativas del 44,78% del capital social, también aportaría acciones de la sociedad F representativas del 34,78% del capital social, también aportaría participaciones de la sociedad E representativas del 49,94% del capital social, y participaciones de la sociedad D representativas del 30% del capital social.Por su lado PF2 aportaría acciones de la sociedad B representativas del 44,71% del capital social, también aportaría acciones de la sociedad F representativas del 34,78% del capital social, también aportaría participaciones de la sociedad E representativas del 49,79% del capital social, y participaciones de la sociedad D representativas del 30% del capital social.Las acciones y participaciones en las sociedades C y G, así como el resto de porcentajes de participación de las mercantiles incluidas en la aportación son tituladas por la sociedad A.Los motivos económicos que impulsan la realización de estas operaciones son los siguientes:- La gestión a través de una sola entidad, mejorar la centralización de recursos humanos, técnicos y materiales, por lo que se aumentará la eficiencia administrativa del grupo y su gestión económico-financiera, se facilitará la planificación estratégica posterior, creando incluso una mejor imagen del grupo de cara al exterior. Las decisiones se adoptaran teniendo una visión global y general y de manera uniforme en todas las sociedades, manteniendo la unidad de decisión y gestión por lo que se encontrarán alineadas y más acordes con los objetivos globales del grupo familiar, dando lugar a un mayor control.- Se eliminará la duplicidad de esfuerzos y se pueden reducir algunos costes operacionales propios de la descentralización ya que conlleva simplificar al personal directivo, administrativo y también los órganos de administración de las sociedades. Todas las tareas y funciones de administración se prestarán desde la sociedad cabecera lo que favorece el ahorro de costes.- Unificación de la toma de decisiones y objetivos de los aspectos de tesorería referentes a todas las sociedades. Se produce un mejor uso de los recursos financieros gracias a la optimización de los medios disponibles a través de la reducción de los costes y el aumento del control desde la sociedad cabecera, además al aplicar este tipo de tesorería centralizada al negocio se produce un impacto en la estructura organizativa de personal de la empresa, dejando de existir una persona en cada sociedad para esta función.- La estructura centralizada hace que la sucesión empresarial de los descendientes sea más ordenada, ya que estos solo recibirán participaciones en la sociedad matriz. Garantizándose la continuidad del grupo empresarial más allá de la primera generación.

Cuestión planteada: 

Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y si existen motivos económicos válidos.

Contestación completa: 

El Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

El artículo 76.5 de la LIS, que establece:

“5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto en ella, o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.”

A su vez, el artículo 80.1 de la LIS condiciona la aplicación del régimen fiscal del canje de valores al cumplimiento de dos requisitos:

“1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos del capital social de una entidad residente en España.

Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las personas o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión del canje de valores, siempre que a la operación le sea aplicación el régimen fiscal establecido en el presente Capítulo o se realice al amparo de la Directiva 2009/133/CEE del Consejo de 19 de octubre relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canje de valores realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los canjeados.

b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/133/CEE.

(…)”.

A la vista de lo expuesto en el escrito de consulta, en la medida en que la entidad beneficiaria (la sociedad A) adquiera participaciones en el capital social de otras (las sociedades B, D, E y F) que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto de las mismas (en concreto, el 100% de cada una de ellas), y concurran el resto de las circunstancias del artículo 80 de la LIS anteriormente citadas, se podrá aplicar a la operación planteada el régimen especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa.

Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS según el cual:

“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.

(…)”.

Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones.

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.

En el escrito de consulta se indica que la operación se realiza para conseguir los siguientes objetivos:

- La gestión a través de una sola entidad, mejorar la centralización de recursos humanos, técnicos y materiales, por lo que se aumentará la eficiencia administrativa del grupo y su gestión económico-financiera, se facilitará la planificación estratégica posterior, creando incluso una mejor imagen del grupo de cara al exterior. Las decisiones se adoptarán teniendo una visión global y general y de manera uniforme en todas las sociedades, manteniendo la unidad de decisión y gestión por lo que se encontrarán alineadas y más acordes con los objetivos globales del grupo familiar, dando lugar a un mayor control.

- Se eliminará la duplicidad de esfuerzos y se pueden reducir algunos costes operacionales propios de la descentralización ya que conlleva simplificar al personal directivo, administrativo y también los órganos de administración de las sociedades. Todas las tareas y funciones de administración se prestarán desde la sociedad cabecera lo que favorece el ahorro de costes.

- Unificación de la toma de decisiones y objetivos de los aspectos de tesorería referentes a todas las sociedades. Se produce un mejor uso de los recursos financieros gracias a la optimización de los medios disponibles a través de la reducción de los costes y el aumento del control desde la sociedad cabecera, además al aplicar este tipo de tesorería centralizada al negocio se produce un impacto en la estructura organizativa de personal de la empresa, dejando de existir una persona en cada sociedad para esta función.

- La estructura centralizada hace que la sucesión empresarial de los descendientes sea más ordenada, ya que estos solo recibirán participaciones en la sociedad matriz. Garantizándose la continuidad del grupo empresarial más allá de la primera generación.

Estos motivos podrían considerarse válidos a efectos del artículo 89.2 de la LIS, si bien se trata de cuestiones de hecho.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otros hechos y circunstancias no mencionados, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podrían alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.