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Impuesto de sociedades - V2096-19 - 09/08/2019

Número de consulta: 
V2096-19
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
Fecha salida: 
09/08/2019
Normativa: 
LIS Ley 27/2014 arts. 81-2, 87-1 y 89-2
Descripción de hechos: 

Las dos personas físicas consultantes son titulares, cada una de ellas, de las siguientes participaciones en las sociedades que se exponen a continuación:-El 5% del capital social de la entidad española A. Esta sociedad tiene como actividad principal la compra, venta, cría, engorde o sacrificio y explotación de cualquier tipo de ganado. Las participaciones en esta sociedad fueron adquiridas en 2001.-El 5% del capital social de la sociedad española B. Esta sociedad tiene como actividad principal la compra, venta, comercialización y distribución de subproductos cárnicos. Las participaciones en esta sociedad fueron adquiridas en septiembre de 2016, como consecuencia de una operación de escisión parcial financiera de la entidad A que se acogió al régimen especial del capítulo VII del título VII de la LIS y que fue objeto de la consulta vinculante número V4076-15.-El 50% del capital social de la sociedad española C. Esta sociedad tiene como actividad principal la actuación como sociedad holding, el asesoramiento fiscal y contable y la prestación de servicios de intermediación en la compraventa de mercancías.Las personas físicas consultantes se plantean aportar sus participaciones sociales en las sociedades A y B a la entidad C que pasará a ostentar la titularidad directa sobre las sociedades mencionadas.Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación son:-Centralizar las inversiones y la gestión y el control de las sociedades.-Buscar la reorganización empresarial para optimizar sus costes y gestionar las participaciones.-Remansar en la sociedad holding los dividendos o reparto de reservas de las entidades participadas para acometer nuevas inversiones financieras, permanentes o temporales, o si se diera la oportunidad para nuevos proyectos de inversión empresarial.-Garantizar la política accionarial del grupo, unificando el voto de forma que la entrada de nuevas generaciones no implique la dispersión del voto entre los socios, así como facilitar la entrada, en la propiedad o en la gestión, de familiares o personas de confianza a través de la sociedad holding.

Cuestión planteada: 

Si la operación descrita se podría acoger al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Contestación completa: 

El Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

En este sentido, el artículo 87.1 de la LIS establece que:

“1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en este por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados.

b) Que una vez realizada la aportación, el contribuyente aportante de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la entidad que recibe la aportación en, al menos, el 5 por ciento.

c) Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en territorio español, se tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los siguientes:

1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

2.º Que representen una participación de, al menos, un 5 por ciento de los fondos propios de la entidad.

3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación.

(..)”

Así, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se exige que las mismas representen al menos el 5 por 100 de los fondos propios de una entidad a la que no resulten de aplicación el régimen de agrupaciones de interés económico, ni el de uniones temporales de empresa, ni tenga por objeto la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos establecidos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991, así como que tales acciones o participaciones hayan sido poseídas por el aportante ininterrumpidamente durante el año anterior a la fecha de la aportación.

Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige igualmente que, una vez realizada la aportación, la persona física aportante participe en los fondos propios de la entidad que la recibe en, al menos, un 5 por 100, siempre que esta última sea residente en territorio español o realice en el mismo actividades por medio de un establecimiento permanente.

De acuerdo con los hechos manifestados en el escrito de consulta, parecen cumplirse todos y cada uno de los restantes requisitos previamente señalados respecto a las entidades A y B. Así, las personas físicas consultantes son titulares, cada una de ellas, del 5% de la entidad A y del 5% de la entidad B. En relación con el requisito establecido en el número 3º del artículo 87.1.c) de la LIS, las personas físicas consultantes adquirieron la participación en A en el año 2001 y la participación en B en 2016, no obstante, en la medida en que esta última participación fue adquirida mediante una operación de escisión parcial financiera de A acogida al régimen especial del Capítulo VII del Título VII, a estos efectos la fecha de adquisición será la de los valores entregados (A), en los términos previstos en el artículo 81.2 de la LIS.

Por tanto, en la medida en que las personas físicas consultantes aporten a la entidad de C, residente en España una participación superior al 5% del capital de las entidades mencionadas (A y B) y se cumplan los requisitos anteriormente señalados, a la operación de aportación no dineraria planteada le será de aplicación el régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa.

Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS, según el cual:

“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.”

Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones.

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.

En el escrito de consulta se indica que estas operaciones se realizan con la finalidad de:

-Centralizar las inversiones y la gestión y el control de las sociedades.

-Buscar la reorganización empresarial para optimizar sus costes y gestionar las participaciones.

-Remansar en la sociedad holding los dividendos o reparto de reservas de las entidades participadas para acometer nuevas inversiones financieras, permanentes o temporales, o si se diera la oportunidad para nuevos proyectos de inversión empresarial.

-Garantizar la política accionarial del grupo, unificando el voto de forma que la entrada de nuevas generaciones no implique la dispersión del voto entre los socios, así como facilitar la entrada, en la propiedad o en la gestión, de familiares o personas de confianza a través de la sociedad holding.

Estos motivos podrían considerarse válidos a los efectos del artículo 89.2 de la LIS, anteriormente reproducido, en la medida que reestructuren o racionalicen las actividades de las entidades participantes y no persigan el remanso de dividendos si bien, en todo caso, se trata de cuestiones de hecho.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otros hechos y circunstancias no mencionados, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de los hechos y circunstancias previos, simultáneos y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.