El artículo 29 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), establece que:
“1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 25 por ciento.
(…)
6. Tributarán al tipo del 30 por ciento las entidades de crédito, (…)
(…)”
En consecuencia, el tipo de gravamen de las entidades de crédito será distinto del tipo de gravamen general.
El concepto de entidad de crédito no aparece definido en la normativa del Impuesto, por lo que se hace preciso acudir a la legislación correspondiente, teniendo en cuenta que, según dispone el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
A estos efectos, el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito dispone que:
“1. Son entidades de crédito las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia.
2. Tienen la consideración de entidades de crédito:
a) Los bancos.
b) Las cajas de ahorros.
c) Las cooperativas de crédito.
d) El Instituto de Crédito Oficial.”
El artículo 2.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, define a la entidad de pago como “una persona jurídica a la cual se haya otorgado autorización, para prestar y ejecutar servicios de pago”. El título II de la Ley 16/2009 contiene el régimen jurídico de las mencionadas entidades.
De la información facilitada en el escrito de consulta puede desprenderse que la entidad que se pretende constituir será una entidad de pago, cuya definición y régimen jurídico no coincide con el de las entidades de crédito. Por tanto, no le resultará de aplicación el tipo de gravamen establecido en el artículo 29.6 de la LIS.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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