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IRPF - V1262-19 - 04/06/2019

Número de consulta: 
V1262-19
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Fecha salida: 
04/06/2019
Normativa: 
LIRPF, 35/2006, Art. 23-1.
RIRPF, RD 439/2007, Art. 13.
Descripción de hechos: 

El consultante es socio único y gerente de una sociedad portuguesa de consultoría, intermediación, adquisición y promoción inmobiliaria, y de administración de inmuebles.Dicha sociedad portuguesa será contratada por una sociedad española hotelera para prestar los servicios anteriormente descritos culminados con la búsqueda de un inmueble para explotación hotelera, esto es, la búsqueda de un propietario que acepte alquilar su inmueble para explotación hotelera. Una vez que no se trata de una compraventa, sino de un alquiler de larga duración (25 años), en las negociaciones entre ambas empresas no se acuerda un pago único sino pagos mensuales de 10.000 euros durante la vigencia del contrato.El consultante es propietario de un edificio que cumple las condiciones requeridas, por lo que ha propuesto a la empresa española la posibilidad de que sea su inmueble el que sea explotado por ella. De este modo, la empresa española pagaría 10.000 euros mensuales a la empresa de Portugal y 7.500 euros al propio consultante (en calidad de renta mensual por el contrato de arrendamiento).No obstante, el consultante se plantea otra opción consistente en formalizar, con la empresa española, un contrato de arrendamiento del inmueble donde la renta mensual sea de 17.500 euros. En este caso, el consultante pagaría a la empresa portuguesa 10.000 euros mensuales.

Cuestión planteada: 

Si el consultante puede deducir, como persona física, los pagos de 10.000 euros mensuales que realizaría a la sociedad de Portugal.

Contestación completa: 

Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento a llevar a cabo por el consultante no se realiza como actividad económica, por no reunir los requisitos del artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, los rendimientos que pueda producir dicho arrendamiento constituyen rendimientos del capital inmobiliario, por lo que para determinar la deducibilidad de los gastos a que se refiere el consultante se hace necesario acudir al artículo 23.1 de la LIRPF y, en su desarrollo, al artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF, que dispone lo siguiente:

“Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obtención.

En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior:

a) Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso o disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos de financiación, así como los gastos de reparación y conservación.

A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de reparación y conservación:

Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.

Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

No serán deducibles por este concepto las cantidades destinadas a ampliación o mejora.

El importe total a deducir por los gastos previstos en este apartado a) no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos.

El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes, sin que pueda exceder, conjuntamente con los gastos por estos mismos conceptos correspondientes a cada uno de estos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos en cada uno de los mismos, para cada bien o derecho.

b) Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos computados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos y no tengan carácter sancionador.

c) Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta o como consecuencia de servicios personales, tales como los de administración, vigilancia, portería o similares.

d) Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo, cesión o constitución de derechos y los de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes, derechos o rendimientos.

e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito:

(…).

f) El importe de las primas de contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga, sobre los bienes o derechos productores de los rendimientos.

g) Las cantidades destinadas a servicios o suministros.

h) Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Reglamento.”

De acuerdo con la normativa expuesta y la información aportada en su escrito, el pago de 10.000 euros mensuales que el consultante realizaría a la sociedad portuguesa no constituiría un gasto necesario para la obtención de los rendimientos, por lo que no tendrá la consideración de gasto deducible para la determinación de los rendimientos netos del capital inmobiliario del consultante.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la consideración unitaria de las distintas prestaciones que concurren en la operación a que se refiere la consulta, plantean dudas respecto a la verdadera naturaleza de dicha operación y las causas por las que se efectúan los pagos y su valoración.

Así, en primer lugar, debe destacarse que los servicios de intermediación y búsqueda de inmuebles para alquilar, que la sociedad portuguesa está encargada de realizar por la sociedad española, podría carecer de contenido real, ya que el inmueble ofrecido pertenece precisamente al socio único y gerente de la sociedad portuguesa, que es a su vez el encargado de realizar las labores de búsqueda e intermediación por cuenta de la sociedad portuguesa. Por otra parte, el precio acordado por la realización de dichos servicios de intermediación, que asciende a un 133,33% del precio pactado por el contrato para el arrendamiento, no parece una contraprestación a valores de mercado, incluso en los casos en que se hubiera producido un proceso de búsqueda, selección y valoración real entre diferentes inmuebles. A ese respecto, en relación con lo aquí señalado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), cuando se aprecien las circunstancias establecidas en tales preceptos: conflicto en la aplicación de la norma tributaria y simulación.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.