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IRPF - V1268-22 - 06/06/2022

Número de consulta: 
V1268-22
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Fecha salida: 
06/06/2022
Normativa: 
Ley 35/2006, art. 14
Descripción de hechos: 

Indica el consultante que en febrero de 2022 la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca le abonó 141.411,76€ "por jubilación improcedente con fecha 4 de noviembre de 2019 hasta la jubilación definitiva con fecha 26 de enero del 2022, según sentencia judicial del TSJ de 25 de marzo del 2021". Señala, además, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reclama la cantidad de 66.840,09€ brutos por la pensión de jubilación abonada desde 15 de junio de 2020 hasta 28 de febrero de 2022.

Cuestión planteada: 

Incidencia de lo expuesto en la tributación del IRPF.

Contestación completa: 

Se procede a efectuar la presente contestación con el planteamiento de que el importe abonado por la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca se corresponde con retribuciones dejadas de percibir, así resulta de la sentencia favorable al consultante, que en su fallo determina “el derecho al abono de las retribuciones dejadas de percibir, con los mismos efectos temporales (desde la presentación de su solicitud de prolongación de permanencia en el servicio activo hasta el vencimiento de la anualidad que se cumpliría tras la firmeza de esta sentencia y hasta el límite de la edad de setenta años) y sin perjuicio de su compensación con las prestaciones percibidas del sistema de Seguridad Social, más su interés legal desde el momento en que debieron ser percibidas (…)”.

Como regla general, los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con la regla general anterior, la Ley del Impuesto recoge en su artículo 14.2 unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí las incluidas en sus letras a) y b), donde —respectivamente— se establece lo siguiente:

- “Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza”.

- “Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.

La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto”.

La aplicación de la normativa expuesta al supuesto planteado nos lleva a las siguientes conclusiones sobre la imputación de los rendimientos del trabajo a que da lugar la sentencia judicial y que, según se indica, conlleva la percepción en febrero de 2022 de 141.411,76€ íntegros por el período que va desde 4 de noviembre de 2019 hasta la fecha de jubilación definitiva: 26 de enero de 2022.

1ª. Procederá imputar al período impositivo en el que la resolución judicial adquiere firmeza (2021, según resulta de lo indicado en el escrito de consulta) el importe correspondiente a las retribuciones dejadas de percibir hasta la fecha de la sentencia.

2ª. Las diferencias retributivas posteriores a la fecha de la sentencia se imputarán al respectivo período impositivo en que el que, conforme con la regla general de imputación de los rendimientos del trabajo, fueran exigibles: 2021 y 2022.

3ª. En cuanto a los atrasos de diferencias retributivas percibidos en períodos impositivos posteriores a lo de su imputación resultará operativa la regla especial de imputación temporal del artículo 14.2:b) de la Ley del Impuesto.

4ª. Por lo que respecta a la devolución al INSS de los importes de la pensión de jubilación indebidamente percibidos, procede indicar que tal restitución no tiene incidencia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio en que la misma se realice. El hecho de tratarse de unos importes indebidamente percibidos, no exigibles —por tanto— por el consultante, y que deben ser reintegrados al pagador, comporta que no proceda su integración en la liquidación o liquidaciones del impuesto. Por tanto, en el supuesto de haberse efectuado esa integración, la regularización de la situación tributaria (excluyendo los importes declarados e indebidamente percibidos) podrá efectuarse instando el consultante la rectificación de la autoliquidación o autoliquidaciones del IRPF, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18):

“Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite.

A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley”.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley General Tributaria.