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IRPF - V1784-19 - 11/07/2019

Número de consulta: 
V1784-19
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Fecha salida: 
11/07/2019
Normativa: 
LIRPF, Ley 35/2006, artículos 8 y 29.
Descripción de hechos: 

El consultante y su hermana son propietarios en proindiviso de una finca rústica que se encuentra cedida a título gratuito para su explotación a una comunidad de bienes en la que participan el propio consultante y sus padres. En esta comunidad de bienes las tareas de dirección y administración corresponden exclusivamente a la madre del consultante al ser ésta la única que aporta trabajo personal a la comunidad.

Cuestión planteada: 

Si dicha finca tiene la consideración para el consultante de elemento patrimonial afecto a una actividad económica.

Contestación completa: 

La comunidad de bienes que explota la finca rústica no constituye un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 86 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre). Añade el artículo 88 del mismo texto legal que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los comuneros.

Lo anterior supone que en el supuesto de una comunidad de bienes que desarrolle una actividad económica los rendimientos atribuidos mantendrán ese mismo carácter de rendimientos de actividades económicas, siempre que, la ordenación por cuenta propia de medios de producción y (o) de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios -elementos definitorios de una actividad económica- corresponda a la entidad. Con ello se quiere decir que todos los comuneros deben intervenir en la ordenación de los factores de producción, y los efectos jurídicos y económicos de la actividad deben recaer sobre todos ellos.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en actividades de carácter empresarial como la consultada, el empresario puede desarrollar por sí mismo las tareas propias de la gerencia y las de producción o comercialización en que consiste la actividad empresarial desarrollada, pero también puede contratar a terceros, bajo una relación laboral o de otro tipo, para que actúen como encargados del negocio, con facultades gerenciales o administrativas, o a otros empleados o auxiliares para la ejecución material de las tareas en que consiste el negocio, sin que la contratación de terceros implique que el titular de la actividad económica deje de desarrollar las tareas de ordenación propias de dicha titularidad.

Es decir, el hecho de que parte de los comuneros desarrollen dichas actividades, no implica que el resto no ejerza las funciones de ordenación que son propias a su condición de empresarios, por lo que, a falta de otros datos, debe concluirse que todos los comuneros de la citada comunidad de bienes son titulares de la actividad económica desarrollada, atribuyéndose los rendimientos de la actividad económica a cada uno de ellos en la proporción que les corresponda y sin que en consecuencia dichos rendimientos tengan la naturaleza de rendimientos de capital.

En el supuesto planteado nos encontramos, por tanto, a una persona física, el consultante, que desarrolla, a través de una comunidad de bienes en la que participa, una actividad económica en una finca de la que es propietario junto con su hermana.

Al respecto, el artículo 29 de la LIRPF establece cuando un elemento patrimonial tiene la consideración de afecto a una actividad económica:

“1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica:

a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente.

(…).”

En virtud de lo anteriormente dispuesto debemos concluir que el porcentaje del inmueble cuya titularidad corresponde al consultante tiene la consideración de elemento patrimonial afecto a una actividad económica.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.