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IRPF - V2390-18 - 05/09/2018

Número de consulta: 
V2390-18
Español
DGT Organ: 
SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Fecha salida: 
05/09/2018
Normativa: 
Ley 35/2006. LIRPF. Arts. 14 y 18.2.
Descripción de hechos: 
<p>El consultante, empleado municipal, presentó ante el Ayuntamiento, el 23 de febrero de 2015, una reclamación del pago de atrasos correspondientes a los períodos 2013 y 2014. El Ayuntamiento emitió certificado de fecha 2 de julio de 2015, por el que reconocía una deuda por atrasos con el consultante de 8.725,81 euros, dichos importes fueron también, posteriormente reconocidos en un certificado de fecha 27 de abril de 2016. El consultante presentó demanda judicial ante el juzgado Contencioso Administrativo reclamando dichos atrasos. El Ayuntamiento en el transcurso del procedimiento, estimó erróneo el importe inicialmente reconocido, y reconoce un importe debido de 8.637,35 euros. El Juzgado, en sentencia de fecha 20 de diciembre de 2016, estima el recurso contencioso-administrativo presentado por el consultante, y considerando la inexistencia de discrepancias ni en el fondo del asunto ni en la cantidad demandada, estima la demanda al haberse producido un allanamiento del Ayuntamiento y condena a éste al pago del citado importe de 8.637,35 euros. El Ayuntamiento efectuó el pago en 2017.</p>
Cuestión planteada: 
<p>Imputación temporal de las cantidades percibidas. Aplicación de la reducción contemplada en el artículo 18.2 de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
Contestación completa: 

Como regla general, los rendimientos del trabajo (calificación que procede en este supuesto, es decir, a las prestaciones en concepto de atrasos), se imputan al período impositivo en que son exigibles por el perceptor.

La imputación temporal de las rentas se recoge en el artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre), que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del trabajo su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 incluye unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí las recogidas en las letras a) y b) y que, respectivamente, establecen lo siguiente:

“a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.

b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.

La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto.”

En el presente caso, y tal como se deduce del escrito de consulta, en el que se indica que los atrasos reclamados judicialmente por el consultante, habían sido reconocidos por el Ayuntamiento, por lo que la demanda no cuestionaba judicialmente la determinación del derecho a percibir los aumentos retributivos ni la cuantía de éstos, sino que únicamente se reclamaba el abono de unas cantidades ya reconocidas. Pues bien, con este planteamiento sería aplicable la segunda de las reglas de imputación mencionadas, es decir, los rendimientos procederá imputarlos a cada uno de los períodos impositivos en que fueron exigibles (2013 y 2014), practicándose las correspondientes declaraciones complementarias.

A su vez, al no comprender estos rendimientos un espacio temporal superior a dos años no les resulta aplicable la reducción del 30 por 100 que el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto establece tanto para los rendimientos del trabajo con período de generación superior a dos años (que no se obtengan de forma periódica o recurrente) como para los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.