La Agencia Tributaria bajo el foco: prácticas abusivas, denuncias internacionales y una estructura que erosiona el Estado de Derecho

1. Metodología de la Agencia Tributaria: recaudación por encima del derecho

La Agencia Tributaria española (AEAT) ha sido durante años un instrumento clave para la sostenibilidad de las cuentas públicas. No obstante, su evolución reciente, tanto en lo normativo como en lo operativo, la ha convertido en un mecanismo de presión fiscal de enorme poder, al que cada vez más juristas, economistas y expertos acusan de haberse desviado de los principios constitucionales básicos, como el de seguridad jurídica, capacidad económica o presunción de inocencia.

Diversos expertos en fiscalidad, han venido señalando que la legislación tributaria española es tan densa, dispersa y sujeta a interpretación, que hace prácticamente imposible cumplirla en su totalidad, incluso actuando con la mejor diligencia. Esta complejidad genera un terreno fértil para la discrecionalidad de los órganos de inspección, quienes a menudo interpretan la norma en contra del contribuyente bajo criterios expansivos.

2. El caso Amsterdam: la crítica internacional a Hacienda

El despacho internacional liderado por Robert Amsterdam ha iniciado una ofensiva jurídica y mediática contra el modelo fiscal español, al que califica como un sistema diseñado “para destruir empresas, no para salvarlas”. Las críticas se centran en prácticas contra no residentes: inspecciones masivas, inversión de la carga de la prueba, congelación de cuentas y uso de requerimientos genéricos que el contribuyente debe rebatir sin apenas información previa.

Amsterdam, con experiencia ante tribunales internacionales, ha anunciado que elevará denuncias a instancias como la ONU y la OCDE, por violaciones sistemáticas del debido proceso. Sus clientes, en gran parte beneficiarios del régimen de impatriados (antiguo "Beckham"), denuncian la falta de seguridad jurídica y la agresividad del modelo fiscal español frente al inversor extranjero.

3. Pero… ¿qué sucede con los residentes españoles?

Si bien las denuncias del bufete Amsterdam se centran en los no residentes, el calvario fiscal de millones de residentes españoles es una realidad silenciada. En la práctica:

• La presunción de inocencia desaparece en una inspección tributaria. El contribuyente debe probar su versión con un nivel de detalle desproporcionado, mientras que la Administración no está obligada a probar afirmaciones de hecho.

• La carga administrativa es brutal: se exige aportar facturas, extractos bancarios, justificantes de ingresos o gastos de ejercicios ya prescritos, y todo ello con plazos perentorios y bajo amenaza de sanción.

• El sistema sancionador es marcadamente punitivo, con sanciones automáticas por simples errores formales, sin intencionalidad defraudatoria.

• La normativa fiscal española es técnicamente inabarcable. Ni los profesionales más formados pueden garantizar que su cliente cumple el 100 % de la normativa en cada momento. Esta situación genera inseguridad jurídica crónica y provoca que el contribuyente se convierta en sospechoso permanente, incluso actuando de buena fe.

4. El caso Montoro: connivencia entre Hacienda y élites económicas

La imputación en julio de 2025 del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha puesto al descubierto una grave crisis institucional. Las principales acusaciones:

• Montoro accedió a datos fiscales reservados de rivales políticos y periodistas antes de que mediara autorización judicial.

• Su despacho, Equipo Económico, cobró decenas de millones en comisiones tras supuestas gestiones para conseguir beneficios fiscales a empresas energéticas, por un impacto total de más de 2.000 millones de euros.

• Informes internos de la propia Agencia Tributaria, en 2016, recomendaron denunciar delitos fiscales vinculados al despacho. Pero altos cargos de la época, bajo responsabilidad del propio Montoro, bloquearon esas comunicaciones.

La connivencia entre el poder político y la inspección tributaria, con el consentimiento del aparato del Estado, revela una captura institucional del sistema fiscal, utilizado no solo con fines recaudatorios, sino también como instrumento de intimidación política, censura y enriquecimiento indebido.

5. Crítica jurídica e institucional

La Agencia Tributaria goza en España de presunción de veracidad, capacidad ejecutiva directa y fuerza coactiva sin apenas filtros judiciales. Esta concentración de poder administrativo y la orientación recaudatoria de su funcionamiento han sido criticadas tanto por la doctrina constitucional como por inspectores críticos.

Además, informes del Consejo de Europa y de la OCDE han advertido en años recientes sobre el desequilibrio de medios, conocimiento y poder entre contribuyentes y la administración tributaria en España, en comparación con otros países europeos.

6. Conclusiones y propuestas

El modelo fiscal español, lejos de garantizar equidad, se ha convertido en un sistema de dominación administrativa que castiga al contribuyente medio y favorece al evasor poderoso con medios para litigar. Es un modelo fallido desde el punto de vista garantista, incompatible con un Estado de Derecho robusto.

Es urgente una reforma estructural, basada en los siguientes principios:

1. Restablecimiento de la presunción de inocencia y carga probatoria equilibrada.

2. Simplificación normativa profunda, reduciendo la hiperregulación que asfixia a empresas y autónomos.

3. Supresión de objetivos recaudatorios para inspectores, sustituyéndolos por criterios de eficiencia y equidad.

4. Control judicial efectivo y previo en actuaciones de inspección intensiva.

5. Protección real de derechos del contribuyente con órganos independientes de revisión y amparo.

Sin estas reformas, España seguirá situándose entre los países con mayor conflictividad tributaria, menor seguridad jurídica y con una ciudadanía fiscalmente sometida, más que comprometida. Y eso, para un país que aspira a atraer talento e inversión, es un fracaso sistémico.