Cuando cumplir la ley ya no es suficiente: una reflexión incómoda sobre el sistema tributario español
Durante muchos años el principio básico del Derecho tributario fue relativamente sencillo de explicar a un cliente: si la operación está correctamente estructurada, si se ajusta a la norma y si existe una razonabilidad económica, el riesgo fiscal debería ser limitado.
Hoy esa afirmación resulta cada vez más difícil de sostener con la misma seguridad.
Muchos asesores fiscales perciben una transformación progresiva en la forma en que se aplican las normas tributarias en España. No se trata de un cambio legislativo concreto ni de una reforma estructural del sistema. Se trata de algo más difuso, pero igualmente relevante: un cambio en la lógica práctica de determinados procedimientos de comprobación e inspección.
La cuestión no es que exista discrepancia jurídica entre Administración y contribuyente. Esa discrepancia es inherente a cualquier sistema fiscal complejo. El problema aparece cuando esa discrepancia deja de ser un debate técnico para convertirse, casi automáticamente, en una regularización acompañada de sanción.
En numerosos procedimientos se observa una pauta recurrente: la Administración no cuestiona necesariamente la existencia de fraude ni la ocultación de bases imponibles. Lo que se discute son interpretaciones jurídicas razonables, estructuras societarias perfectamente válidas o valoraciones económicas que admiten más de un enfoque técnico.
Sin embargo, el resultado práctico suele ser el mismo: liquidación, intereses y sanción.
Esto genera una situación particularmente incómoda para el asesor fiscal. Porque el asesor se encuentra en medio de tres planos distintos:
– la interpretación jurídica de la norma
– la expectativa legítima del contribuyente
– el criterio administrativo que puede aplicarse años después
La dificultad radica en que estos tres planos ya no siempre coinciden.
La inseguridad jurídica silenciosa
Uno de los pilares del sistema jurídico es el principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Este principio implica que el ciudadano debe poder prever razonablemente las consecuencias jurídicas de su conducta.
En el ámbito tributario, esto significa que una planificación fiscal realizada conforme a la ley debería poder mantenerse en el tiempo sin que, años después, se transforme retroactivamente en una infracción.
Sin embargo, en la práctica profesional muchos asesores observan situaciones como las siguientes:
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estructuras societarias plenamente válidas que pasan a calificarse como simulación o conflicto en la aplicación de la norma
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operaciones económicas reinterpretadas a posteriori con criterios finalistas
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valoraciones inmobiliarias o societarias discutidas con métodos distintos a los utilizados por el contribuyente
No se trata necesariamente de actuaciones ilegales por parte de la Administración. El problema es otro: la amplitud interpretativa con la que pueden aplicarse determinadas figuras jurídicas.
Cuando conceptos como “conflicto en la aplicación de la norma”, “simulación”, “operación vinculada” o “valor de mercado” se utilizan con criterios muy abiertos, la previsibilidad del sistema se reduce considerablemente.
Y cuando la previsibilidad se reduce, también lo hace la seguridad jurídica.
La inversión del riesgo fiscal
En teoría, el sistema tributario se basa en un principio claro: la Administración debe demostrar que la actuación del contribuyente es incorrecta.
En la práctica, sin embargo, el riesgo jurídico parece haberse desplazado.
Cada vez es más frecuente que el contribuyente tenga que demostrar que su actuación fue razonable, que su estructura tenía una finalidad económica válida o que su interpretación de la norma era defendible.
Este cambio tiene consecuencias importantes para la práctica profesional del asesor fiscal.
El asesor ya no solo debe interpretar la ley. También debe anticipar cómo podría interpretarla la Administración varios años después, en un contexto económico, político o doctrinal posiblemente distinto.
En otras palabras, el asesor fiscal no trabaja únicamente con normas jurídicas. Trabaja también con incertidumbre interpretativa.
El verdadero problema: el coste de defenderse
Uno de los aspectos menos analizados del sistema tributario español es el coste real de defender una posición jurídica.
El itinerario habitual de un procedimiento conflictivo puede incluir:
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Alegaciones en inspección
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Recurso de reposición
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Reclamación económico-administrativa ante el TEAR o el TEAC
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Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
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Eventual recurso de casación ante el Tribunal Supremo
Este proceso puede prolongarse entre cinco y diez años.
Durante ese tiempo el contribuyente puede verse obligado a constituir avales bancarios, soportar costes financieros y asumir honorarios profesionales significativos. Incluso cuando finalmente obtiene una resolución favorable, el desgaste económico y psicológico puede ser considerable.
Este fenómeno genera una realidad incómoda que raramente se menciona de forma explícita: muchos contribuyentes deciden no recurrir determinadas liquidaciones simplemente porque el coste del litigio supera el beneficio potencial.
Desde un punto de vista económico, el sistema introduce así un mecanismo de presión indirecta.
El papel del asesor fiscal en este contexto
En este escenario el papel del asesor fiscal se vuelve más complejo que nunca.
El asesor ya no es únicamente un técnico que aplica normas tributarias. Es también:
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un gestor de riesgos jurídicos
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un intérprete de criterios administrativos cambiantes
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y, en muchas ocasiones, un defensor del contribuyente frente a la Administración
Esto exige una evolución en la forma de ejercer la profesión.
La práctica profesional cada vez requiere más:
– documentación exhaustiva de las decisiones fiscales
– análisis previo de riesgos interpretativos
– fundamentación jurídica sólida de las estructuras utilizadas
– y una estrategia clara de defensa en caso de comprobación
En otras palabras, la planificación fiscal moderna ya no puede basarse solo en lo que dice la ley, sino también en cómo puede interpretarse esa ley en un procedimiento inspector.
Una reflexión necesaria
España necesita un sistema tributario eficaz y una Administración capaz de combatir el fraude fiscal. Esto es indiscutible.
Pero la eficacia recaudatoria no debería confundirse con una expansión indefinida de los márgenes interpretativos de la Administración.
Un sistema tributario sólido no se mide únicamente por su capacidad para recaudar. También se mide por su capacidad para generar confianza en quienes deben cumplirlo.
Cuando los contribuyentes perciben que cumplir la norma puede no ser suficiente para evitar un conflicto fiscal años después, el sistema pierde parte de su legitimidad.
Y cuando la legitimidad fiscal se debilita, también se debilita la disposición voluntaria a cumplir.
Por eso quizá la pregunta más relevante no sea cuánto recauda el sistema tributario español.
La pregunta realmente importante es otra:
¿hasta qué punto el sistema ofrece seguridad jurídica real a quienes intentan cumplir la ley?
Porque en un sistema fiscal sano, cumplir la ley debería ser suficiente.
No debería ser solo el comienzo de una batalla jurídica que puede durar una década.
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