Dumping fiscal autonómico: ¿autonomía legítima o desigualdad institucionalizada?

La reciente escalada de medidas fiscales en comunidades como Madrid o Andalucía —bonificaciones casi totales en Impuesto sobre el Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones— ha vuelto a colocar en el centro del debate el llamado “dumping fiscal” entre comunidades autónomas. Lo que para unos es autonomía financiera reconocida en la Constitución (art. 156 CE), para otros es una auténtica carrera a la baja que fractura la equidad tributaria.

 El marco jurídico: autonomía sí, pero con límites

• La LOFCA (Ley Orgánica 8/1980) otorga capacidad normativa en tributos cedidos (ISD, Patrimonio, tramo autonómico IRPF).

• La Ley 22/2009 detalló esa cesión y amplió márgenes normativos.

• El Tribunal Constitucional ha recordado que esa autonomía no es absoluta: debe ejercerse con respeto a los principios de coordinación y solidaridad (arts. 156-158 CE).

El reciente aval del Constitucional al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF) demuestra que el Estado sí puede intervenir para evitar que la bonificación total de un impuesto cedido (como hace Madrid con Patrimonio) erosione la base nacional.

 La realidad práctica: desigualdad por código postal

Hoy un contribuyente puede pagar cero euros por recibir una herencia de 800.000 € en Madrid, pero soportar decenas de miles en Cataluña, Asturias o la Comunidad Valenciana. Lo mismo ocurre con el Patrimonio: exento de facto en unas regiones y con cargas significativas en otras.

¿Autonomía financiera? Sí.
¿Equidad entre ciudadanos? En absoluto.

El resultado es una desigualdad institucionalizada, donde las obligaciones fiscales dependen más del territorio que de la capacidad económica real.

 La polémica política y social

Los defensores del modelo alegan que las bonificaciones:

• Incentivan la atracción de patrimonios.

• Dinamizan la inversión y el consumo.

• Generan un “efecto capitalidad” difícil de contrarrestar.

Pero los críticos señalan que:

• Se trata de una competencia fiscal desleal, que drena bases imponibles de otras comunidades.

• Supone un riesgo de “carrera hacia abajo”, donde ninguna autonomía se atreve a mantener impuestos impopulares.

• En la práctica, beneficia a las grandes rentas y patrimonios en detrimento de la progresividad del sistema.

La autonomía fiscal es un valor constitucional incuestionable, pero el uso político del arma tributaria como estrategia de diferenciación está rompiendo el principio de igualdad tributaria (art. 14 CE) y de capacidad económica (art. 31 CE).

El Estado ya ha intervenido con el ISGF; y probablemente no sea la última vez. Lo que está en juego no es solo recaudación, sino la confianza de los ciudadanos en que el sistema tributario es justo y no arbitrario.

El verdadero reto es encontrar un equilibrio:

• Autonomía con margen real para innovar y atraer actividad.

• Armonización mínima obligatoria, que impida que heredar o tributar dependa únicamente del lugar de residencia.

• Transparencia y evaluación independiente, porque el discurso del “dumping” no puede basarse solo en titulares, sino en datos sobre migración fiscal, equidad y sostenibilidad.

Conclusión:

El dumping fiscal no es modernización, es dar carta de naturaleza a un sistema dual de ciudadanos de primera y de segunda en función de la comunidad donde vivan.
Mientras unos presumen de libertad fiscal, otros cargan con la financiación de la solidaridad.
Y, al final, todos sabemos que este choque terminará en los tribunales o en una reforma forzosa de la LOFCA.