El Supremo frena a Hacienda: crear una holding para ahorrar impuestos no basta para perder el régimen fiscal

¿Crear una sociedad holding para obtener ventajas fiscales es fraude?

La respuesta del Tribunal Supremo es mucho más interesante de lo que parece:

obtener una ventaja fiscal no convierte automáticamente una reestructuración empresarial en abusiva.

Y, todavía más importante, aunque Hacienda considere que una operación carece de motivos económicos válidos, no puede eliminar automáticamente todas las ventajas del régimen especial de neutralidad fiscal.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 949/2026, de 20 de julio de 2026 (rec. 6518/2023, ECLI:ES:TS:2026:3529) introduce importantes límites a la actuación de la Administración en las operaciones de reestructuración empresarial y, especialmente, en las aportaciones de participaciones a sociedades holding.

El caso: una holding familiar y más de 52 millones de euros

El asunto analizado por el Supremo es especialmente significativo.

Un matrimonio y sus dos hijas constituyeron una sociedad holding familiar.

Los padres aportaron acciones y participaciones empresariales por un valor superior a 52 millones de euros, mientras que las hijas realizaron pequeñas aportaciones dinerarias.

La operación se acogió al régimen fiscal especial aplicable a fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores, conocido habitualmente como régimen FEAC.

Su característica esencial es la neutralidad fiscal.

Simplificando mucho: cuando se cumplen los requisitos legales, la reorganización societaria no provoca inmediatamente la tributación de las plusvalías latentes existentes en las participaciones aportadas.

La tributación queda diferida.

Y aquí comenzó el conflicto con Hacienda.

Hacienda consideró que no existían motivos económicos válidos

La Inspección entendió que la constitución de la holding perseguía fundamentalmente ventajas fiscales.

Entre ellas aparecían ventajas relacionadas con la tributación de los dividendos, el Impuesto sobre el Patrimonio y la futura tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La consecuencia aplicada por Hacienda fue extraordinariamente importante:

rechazó el régimen especial y pretendió hacer tributar las plusvalías latentes correspondientes a las participaciones aportadas.

Es decir, la discusión ya no consistía únicamente en corregir una ventaja fiscal concreta.

La consecuencia era hacer aflorar fiscalmente una enorme plusvalía que había quedado diferida mediante la aplicación del régimen FEAC.

Y es precisamente aquí donde interviene el Tribunal Supremo.

No tener motivos económicos válidos no permite eliminar automáticamente todo el régimen

Esta es probablemente la conclusión más importante de la sentencia.

El Supremo establece que:

“La comprobación de la inexistencia de motivos económicos válidos no determina, sin más, y necesariamente, el rechazo total del régimen FEAC”.

La afirmación es especialmente relevante.

La existencia de motivos económicos válidos continúa siendo un elemento fundamental para analizar si existe fraude o evasión fiscal.

Pero su ausencia no funciona como un interruptor automático:

motivos económicos válidos → régimen FEAC.

ausencia de motivos económicos válidos → pérdida total del régimen.

El análisis jurídico es bastante más complejo.

Hacienda debe identificar cuál es exactamente la ventaja fiscal abusiva

El Tribunal Supremo introduce aquí el principio de proporcionalidad.

Cuando Hacienda considere abusiva una operación acogida al régimen FEAC debe determinar qué ventaja fiscal concreta considera ilegítima o abusiva.

Y la regularización debe dirigirse precisamente a eliminar esa ventaja.

No cualquier otra.

Por tanto, no basta con afirmar:

“no existen motivos económicos válidos y, por tanto, eliminamos completamente el régimen fiscal”.

La Administración debe identificar la ventaja fiscal perseguida abusivamente y justificar la regularización aplicada.

Esto cambia considerablemente la perspectiva desde la que deben analizarse determinadas inspecciones sobre reestructuraciones empresariales.

El diferimiento fiscal no es, por sí mismo, una ventaja abusiva

Este punto es todavía más interesante.

El régimen FEAC existe precisamente para conseguir neutralidad fiscal en las reorganizaciones empresariales.

Una fusión, escisión, aportación de activos o canje de valores puede generar técnicamente importantes plusvalías.

Pero el legislador permite que determinadas operaciones empresariales se realicen sin que la fiscalidad sea un obstáculo para la reorganización.

Por ello, el diferimiento de las plusvalías no constituye una anomalía del régimen.

Es precisamente uno de sus elementos esenciales.

En consecuencia, no puede considerarse automáticamente abusivo que una operación produzca ese diferimiento.

Dicho de otra forma:

ahorrar o diferir impuestos no equivale automáticamente a fraude fiscal.

La frontera se encuentra en determinar si estamos ante una ventaja legítima inherente al régimen fiscal o ante una ventaja fiscal abusiva perseguida como objetivo principal de la operación.

Hacienda necesita una “motivación reforzada”

El Supremo da un paso más.

Si Hacienda quiere eliminar también el diferimiento de las plusvalías latentes, deberá justificar específicamente que obtener precisamente ese diferimiento constituía el objetivo principal de la operación.

No basta con identificar otras ventajas fiscales.

La Administración necesita una motivación reforzada, basada en elementos probatorios suficientes, que permita concluir que el diferimiento de la plusvalía era en sí mismo la ventaja abusivamente perseguida.

Esta exigencia es fundamental.

Imaginemos que una inspección considera que una holding fue constituida para obtener una determinada ventaja en la tributación de dividendos.

Incluso aceptando que esa ventaja fuera abusiva, de ello no se deriva automáticamente que pueda hacerse tributar inmediatamente toda la plusvalía latente de las participaciones aportadas.

Habrá que analizar qué ventaja fue realmente perseguida y qué regularización resulta proporcionada para eliminarla.

¿Significa esto que podemos crear una holding únicamente para pagar menos impuestos?

No.

Y esta precisión es imprescindible.

La sentencia no legitima las estructuras artificiales ni elimina la cláusula antiabuso.

El actual artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que el régimen especial no se aplicará cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal.

En particular, la inexistencia de motivos económicos válidos puede constituir un indicio muy importante de que la finalidad real de la operación era conseguir una ventaja fiscal abusiva.

Por tanto, constituir una holding sin ninguna justificación empresarial real y con una finalidad exclusivamente fiscal continúa siendo una operación de riesgo.

Lo que cambia es otra cosa:

Hacienda debe demostrar qué existe de abusivo y ajustar las consecuencias fiscales al abuso realmente acreditado.

Tener una ventaja fiscal no es lo mismo que cometer fraude

Esta distinción resulta especialmente importante.

Nuestro sistema tributario contiene multitud de opciones que permiten al contribuyente organizar legítimamente su actividad de una forma fiscalmente más eficiente.

La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recordado que la obtención de una ventaja fiscal está implícita en determinados regímenes de neutralidad.

Lo prohibido no es ahorrar impuestos.

Lo prohibido es utilizar artificiosamente una operación para obtener una ventaja fiscal ilegítima o abusiva.

La diferencia puede parecer pequeña, pero jurídicamente es enorme.

¿Qué consecuencias tiene para las holdings familiares?

La sentencia resulta especialmente relevante para empresarios y grupos familiares que han reorganizado sus participaciones mediante una sociedad holding.

Durante los últimos años estas operaciones han recibido una atención considerable por parte de la Inspección.

De hecho, los propios planes de control tributario de la AEAT han señalado expresamente la comprobación de aportaciones no dinerarias acogidas al régimen FEAC cuando puedan perseguir ventajas fiscales sin motivos económicos válidos.

Por tanto, estamos ante una cuestión plenamente actual.

A partir de esta sentencia, ante una regularización habrá que preguntarse:

¿Qué ventaja fiscal considera Hacienda abusiva?

¿Está correctamente identificada?

¿Ha demostrado la Administración que esa ventaja constituía el objetivo principal de la operación?

¿La regularización elimina únicamente esa ventaja?

¿O está haciendo tributar además plusvalías cuyo diferimiento forma parte legítimamente del régimen de neutralidad?

Estas preguntas pueden resultar decisivas en una inspección.

Un ejemplo sencillo

Un empresario posee una sociedad operativa valorada en 5 millones de euros.

Sus participaciones le costaron originalmente 100.000 euros.

Decide aportar esas participaciones a una sociedad holding y aplica el régimen FEAC.

Existe, por tanto, una plusvalía latente de:

4.900.000 euros.

Gracias al régimen de neutralidad, esa plusvalía no tributa inmediatamente.

Posteriormente Hacienda considera que determinada ventaja obtenida mediante la estructura holding era abusiva.

Antes de esta sentencia podría pretenderse que la consecuencia fuese:

se elimina el régimen FEAC y tributan inmediatamente los 4,9 millones de euros de plusvalía.

El Supremo dice que ese automatismo no es correcto.

Primero habrá que identificar qué ventaja fiscal era abusiva.

Y si Hacienda pretende además eliminar el diferimiento de esos 4,9 millones, tendrá que justificar específicamente que conseguir ese diferimiento constituía el objetivo principal de la operación.

La diferencia económica puede ser enorme.

Una sentencia especialmente importante para la empresa familiar

La STS 949/2026, de 20 de julio, establece una doctrina de gran relevancia para las reestructuraciones empresariales.

La Administración puede combatir las operaciones abusivas.

Pero debe hacerlo respetando el principio de proporcionalidad.

No basta con afirmar que no existen motivos económicos válidos para destruir automáticamente todo el régimen de neutralidad fiscal.

Debe identificarse la ventaja fiscal abusiva y eliminar precisamente esa ventaja.

Y para hacer tributar además las plusvalías latentes cuyo diferimiento es inherente al régimen FEAC, Hacienda deberá acreditar, mediante una motivación reforzada, que conseguir ese diferimiento constituía el objetivo principal de la operación.

La sentencia no da carta blanca a las holdings fiscales.

Pero tampoco permite que cualquier ventaja fiscal convierta automáticamente una reorganización empresarial en fraude.

Y deja una idea especialmente importante para empresarios y asesores:

pagar menos impuestos puede ser una consecuencia perfectamente legítima de una operación empresarial. Lo decisivo es determinar cuándo ese ahorro deja de ser una economía de opción y se convierte en una ventaja fiscal abusiva.