Nómadas fiscales: el riesgo de acabar tributando en España

Cada vez son más frecuentes las consultas de personas que viven entre varios países y creen que, por no superar 183 días en ninguno, no son residentes fiscales en ninguna parte.

La idea parece sencilla: si no paso más de 183 días en España, no soy residente fiscal en España; si tampoco los paso en otro país, no soy residente fiscal en ningún sitio; y, por tanto, no tributo por mi renta mundial en ninguna jurisdicción.

Pero esa conclusión puede ser muy peligrosa.

En fiscalidad internacional, no basta con moverse físicamente. La residencia fiscal no depende solo del número de días. Tampoco se elige libremente. Y no siempre basta con tener un certificado extranjero si ese certificado no acredita una residencia fiscal plena a efectos del Convenio de Doble Imposición aplicable.

El problema es especialmente relevante para trabajadores remotos, nómadas digitales, expatriados, personas que salen de España sin instalarse realmente en otro país, contribuyentes con rentas internacionales, pensionistas desplazados, personas acogidas a regímenes fiscales especiales en el extranjero y titulares de patrimonios o sociedades en España.

La pregunta clave no es solo: “¿cuántos días he estado en España?”.

La pregunta correcta es más amplia:

¿Puede Hacienda española considerar que sigo siendo residente fiscal en España porque mi centro de intereses personales, económicos o patrimoniales continúa aquí, o porque no he acreditado correctamente una residencia fiscal efectiva en otro Estado?

1. La falsa seguridad de no pasar 183 días en España

El criterio de los 183 días es importante, pero no es el único.

La Ley del IRPF establece que una persona física se considera residente fiscal en España cuando se dé cualquiera de estas circunstancias:

1. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español.

2. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Además, existe una presunción de residencia en España cuando residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan del contribuyente.

Por tanto, una persona puede no superar los 183 días en España y, aun así, ser considerada residente fiscal española si su centro principal de intereses económicos está aquí.

Este punto es fundamental. La residencia fiscal española no se determina únicamente por presencia física. También se determina por la conexión económica y personal con España.

2. El centro de intereses económicos puede pesar tanto como los días

El segundo criterio del artículo 9 de la Ley del IRPF suele ser el más conflictivo.

España puede considerar residente fiscal a una persona si aquí se encuentra el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el contribuyente conserva en España:

• la principal fuente de ingresos;

• sociedades o participaciones relevantes;

• inmuebles arrendados;

• inversiones significativas;

• cuentas bancarias;

• clientes principales;

• actividad profesional efectiva;

• centro de dirección de sus negocios;

• cónyuge e hijos;

• vivienda disponible;

• estructura patrimonial principal;

• intereses económicos claramente superiores a los mantenidos en otros países.

No hay una regla matemática única. La Administración analiza el conjunto de circunstancias. Por eso, en los casos internacionales, la prueba documental resulta decisiva.

No basta con decir “vivo viajando” o “no estoy empadronado en España”. Hay que poder demostrar dónde está realmente el centro vital y económico.

3. No ser residente en ningún país no siempre es una ventaja

Muchos contribuyentes buscan situarse en una especie de tierra de nadie fiscal: no ser residentes en España, pero tampoco consolidar residencia fiscal en otro Estado.

En la práctica, esta situación puede ser muy arriesgada.

Si una persona no puede acreditar una residencia fiscal real en otro país, Hacienda española puede tener más margen para sostener que las ausencias de España no acreditan una ruptura efectiva con la residencia española, especialmente si subsisten vínculos relevantes con España.

El concepto de “nómada fiscal” o “apátrida fiscal” no implica automáticamente que nadie pueda gravar sus rentas. Al contrario: puede generar un problema probatorio muy serio.

La idea de “no soy residente en ninguna parte” puede sonar atractiva desde un punto de vista teórico, pero ante una comprobación tributaria suele ser una posición débil si no va acompañada de pruebas sólidas.

La fiscalidad internacional no premia la indefinición. Exige coherencia.

4. Primero se aplica la ley interna española

Para analizar la residencia fiscal hay que seguir un orden lógico.

Primero se aplica la normativa interna española. Es decir, el artículo 9 de la Ley del IRPF.

Si conforme a esa norma una persona es residente fiscal en España, España la somete a tributación por su renta mundial en el IRPF.

Después, si otro Estado también considera residente fiscal a esa misma persona, puede surgir un conflicto de doble residencia. En ese caso entra en juego el Convenio de Doble Imposición correspondiente, si existe.

Pero el Convenio no sirve para declarar libremente dónde se quiere tributar. El Convenio solo resuelve un conflicto entre dos Estados cuando ambos tienen base para considerar residente fiscal a una misma persona.

Por tanto, si el contribuyente no acredita correctamente residencia fiscal en otro Estado, puede no llegar ni siquiera a activarse la protección del Convenio.

5. El Convenio de Doble Imposición no sustituye a la prueba

Un error frecuente es pensar que basta con invocar un Convenio de Doble Imposición.

No es así.

Para aplicar un Convenio, normalmente hay que acreditar la residencia fiscal en el otro Estado mediante un certificado válido expedido por la Administración tributaria extranjera. Además, ese certificado debe corresponder al ejercicio concreto y debe ser apto para la aplicación del Convenio.

No todos los documentos sirven.

No es lo mismo:

• un certificado de empadronamiento;

• una inscripción en un registro de residentes;

• una tarjeta de residencia administrativa;

• un permiso migratorio;

• una factura de alquiler;

• una declaración presentada en el extranjero;

• un certificado de residencia fiscal ordinario;

• un certificado de residencia fiscal a efectos de Convenio.

Desde el punto de vista fiscal, lo relevante es acreditar residencia fiscal, no solo residencia administrativa o presencia física.

6. El problema de los certificados fiscales limitados

Aquí aparece una cuestión delicada: los certificados de residencia fiscal extranjeros.

En principio, un certificado de residencia fiscal emitido por la Administración tributaria de otro Estado tiene una enorme importancia probatoria. La Administración española no debería ignorarlo sin más.

Ahora bien, el problema surge cuando el certificado tiene un alcance limitado, está referido a un régimen especial o no acredita una sujeción plena por renta mundial.

El TEAC ha analizado esta cuestión en relación con Portugal y el régimen de Residentes No Habituales. En varias resoluciones, el TEAC ha sostenido que, cuando una persona está acogida a un régimen especial que no supone una tributación integral por renta mundial, puede no cumplirse el concepto de residencia a efectos del Convenio de Doble Imposición.

La consecuencia práctica de esta doctrina es muy relevante: según el TEAC, un certificado portugués vinculado al régimen de Residente No Habitual puede no ser suficiente para aplicar el Convenio si el contribuyente no tributa en Portugal de forma integral por su renta mundial.

Este criterio es especialmente importante para pensionistas, expatriados, personas con rentas de fuente española y contribuyentes que se trasladaron a Portugal atraídos por un régimen fiscal beneficioso.

7. Portugal y los residentes no habituales: una cuestión discutida

Conviene ser prudentes en este punto.

La doctrina del TEAC español ha sido restrictiva respecto del alcance del régimen portugués de Residentes No Habituales a efectos del Convenio entre España y Portugal.

Sin embargo, la propia Administración tributaria portuguesa ha sostenido posteriormente que el régimen de Residente No Habitual sí constituye un régimen de residencia plena a efectos del Convenio, aunque determinadas rentas reciban un tratamiento fiscal favorable.

Esto significa que existe un conflicto interpretativo.

Desde un punto de vista práctico, el contribuyente no debería confiarse. Si España y Portugal no interpretan igual el alcance del régimen, la persona afectada puede quedar atrapada en una controversia fiscal compleja.

Por eso, en estos casos es esencial revisar:

• el tipo exacto de certificado expedido por Portugal;

• el año al que corresponde;

• si está emitido a efectos del Convenio;

• qué rentas tributan efectivamente en Portugal;

• si existe exención, tipo reducido o no imposición;

• qué rentas pretende gravar España;

• si existe riesgo de doble imposición;

• qué pruebas existen de residencia efectiva en Portugal;

• dónde está el centro de intereses económicos y personales.

La conclusión no debe ser simplista. No puede afirmarse que todo residente no habitual portugués quede automáticamente fuera del Convenio. Pero tampoco puede afirmarse que el certificado portugués vaya a impedir siempre una regularización española.

La realidad es más incómoda: hay riesgo, y debe analizarse caso por caso.

8. Trabajadores remotos: el gran foco de conflicto

El teletrabajo internacional ha multiplicado estos problemas.

Pensemos en una persona que trabaja para una empresa extranjera, pasa temporadas en España, otras en Portugal, otras en Reino Unido, otras en Italia y otras viajando. No supera 183 días en ningún país, pero conserva en España su vivienda, su pareja, sus cuentas, sus inversiones o buena parte de su actividad económica.

En estos casos, Hacienda puede analizar si España sigue siendo el verdadero centro de intereses.

El hecho de que la nómina venga de una empresa extranjera no resuelve automáticamente la cuestión. Tampoco la resuelve trabajar con un portátil desde distintos países.

Hay que analizar:

• desde dónde se presta materialmente el trabajo;

• dónde está la empresa pagadora;

• dónde se soporta el coste salarial;

• dónde está el centro de vida del trabajador;

• en qué país se cotiza a la Seguridad Social;

• qué país emite certificado de residencia fiscal;

• si existe Convenio de Doble Imposición;

• si hay establecimiento permanente o riesgo empresarial;

• si se han declarado correctamente las rentas en el país que corresponda.

El teletrabajo no elimina la residencia fiscal. Solo hace más compleja su prueba.

9. Salir de España exige algo más que darse de baja

Otro error habitual es pensar que basta con darse de baja en el padrón, cerrar una cuenta bancaria o dejar de alquilar una vivienda.

Son indicios útiles, pero no determinantes por sí solos.

Para defender una salida fiscal de España conviene poder acreditar una verdadera relocalización:

• vivienda estable en otro país;

• contrato de alquiler o propiedad;

• alta fiscal extranjera;

• certificado de residencia fiscal;

• inscripción administrativa, si procede;

• seguro médico o cobertura sanitaria;

• centro de trabajo o actividad profesional;

• cuentas bancarias operativas;

• consumo ordinario en el país de destino;

• colegio de hijos, si los hay;

• traslado efectivo de la vida familiar;

• declaración de renta en el país de destino;

• documentación de viajes y calendario de días;

• baja o reducción real de vínculos económicos con España.

No se trata de acumular papeles sin sentido. Se trata de que la realidad y los documentos cuenten la misma historia.

10. Especial atención a los casos de menos de 183 días en España

No superar 183 días en España es importante, pero no siempre suficiente.

La persona que sale de España debe preguntarse:

• ¿Dónde soy residente fiscal este año?

• ¿Tengo certificado fiscal de ese país?

• ¿Ese certificado sirve a efectos de Convenio?

• ¿Tributo allí por mi renta mundial?

• ¿Dónde está mi vivienda real?

• ¿Dónde vive mi familia?

• ¿Dónde están mis principales ingresos?

• ¿Dónde están mis sociedades?

• ¿Dónde está mi patrimonio?

• ¿Dónde presto realmente mis servicios?

• ¿Puedo probar mis días fuera de España?

• ¿Tengo vuelos, hoteles, contratos, consumos y documentos coherentes?

• ¿He presentado declaraciones fiscales en otro país?

Si la respuesta a muchas de estas preguntas es confusa, existe riesgo.

La falta de residencia clara en otro Estado no blinda frente a Hacienda española. Puede provocar justo lo contrario: una posición probatoria débil.

11. Consecuencias de ser considerado residente fiscal en España

La consecuencia de ser considerado residente fiscal en España es muy relevante: tributación por la renta mundial.

Eso significa que el contribuyente debe declarar en España sus rentas de cualquier origen, entre otras:

• salarios extranjeros;

• rendimientos profesionales;

• dividendos;

• intereses;

• alquileres;

• ganancias patrimoniales;

• ventas de acciones;

• criptomonedas;

• pensiones;

• rendimientos de sociedades extranjeras;

• rentas inmobiliarias;

• cuentas y activos en el extranjero.

Además, pueden aparecer obligaciones informativas como el modelo 720 o el modelo 721, según el tipo de bienes y derechos en el extranjero.

Si el contribuyente ha declarado como no residente o no ha declarado en España, la regularización puede ser muy costosa: cuota, intereses de demora y posibles sanciones.

En casos graves, si las cantidades son elevadas, también puede existir riesgo penal.

12. El papel de la prueba: pasaportes, vuelos y vida real

En una comprobación de residencia fiscal, la prueba es esencial.

La Administración puede utilizar información de muchas fuentes:

• movimientos bancarios;

• consumos con tarjeta;

• suministros;

• vuelos;

• reservas;

• seguros;

• redes sociales;

• inmuebles disponibles;

• colegios;

• actividad empresarial;

• relaciones familiares;

• contratos;

• datos de terceros;

• información internacional intercambiada entre Administraciones tributarias.

Por eso, el contribuyente debe tener su propia prueba ordenada.

En los casos de movilidad internacional, es recomendable conservar:

• calendario anual de días por país;

• tarjetas de embarque;

• reservas de alojamiento;

• contratos de alquiler;

• certificados fiscales;

• declaraciones de renta extranjeras;

• justificantes de pagos y consumos;

• documentación de trabajo;

• prueba de cotización o cobertura social;

• baja de vivienda o actividad en España, si procede;

• documentos que acrediten el traslado real del centro de vida.

La residencia fiscal se gana o se pierde en la prueba.

13. No todo es blanco o negro

También conviene evitar el extremo contrario.

No toda persona que sale de España seguirá siendo residente fiscal española. No todo contribuyente con vínculos en España puede ser regularizado automáticamente. Y no toda estancia temporal en España determina residencia.

La Administración debe probar los hechos en que basa su regularización, y el contribuyente puede defenderse con prueba suficiente.

Pero precisamente por eso es tan importante planificar bien. El problema no suele aparecer cuando la situación es clara, sino cuando el contribuyente ha vivido en una zona gris: muchos países, pocos documentos, residencia extranjera débil y vínculos españoles todavía relevantes.

En fiscalidad internacional, las zonas grises suelen acabar siendo caras.

14. Recomendaciones prácticas antes de salir de España

Antes de abandonar España o iniciar una vida nómada, conviene hacer una revisión fiscal previa.

Como mínimo, debería analizarse:

1. Si se seguirá siendo residente fiscal en España por días, intereses económicos o presunción familiar.

2. En qué país se pretende adquirir residencia fiscal.

3. Si ese país emitirá certificado de residencia fiscal.

4. Si el certificado servirá a efectos de Convenio.

5. Si el régimen extranjero implica tributación por renta mundial o un régimen especial limitado.

6. Qué rentas se obtendrán y dónde se entienden obtenidas.

7. Qué ocurre con salarios, dividendos, pensiones, sociedades, alquileres y criptomonedas.

8. Qué obligaciones se mantienen en España como residente o no residente.

9. Qué pruebas deben conservarse.

10. Si existe riesgo de doble residencia o de no residencia efectiva en ningún Estado.

La planificación fiscal internacional no consiste solo en elegir un país con menor tributación. Consiste en construir una posición defendible.

15. Conclusión

La idea de ser “residente fiscal en ninguna parte” puede parecer atractiva, pero es una de las situaciones más arriesgadas en fiscalidad internacional.

España puede considerar residente fiscal a una persona no solo por pasar más de 183 días en territorio español, sino también porque mantenga aquí el centro principal de sus actividades o intereses económicos.

Además, para aplicar un Convenio de Doble Imposición no basta con invocarlo. Hay que acreditar una residencia fiscal efectiva en el otro Estado y, en muchos casos, disponer de un certificado válido a efectos del Convenio.

La movilidad internacional, el teletrabajo y los regímenes fiscales especiales han hecho que estas situaciones sean cada vez más frecuentes. Pero también han aumentado el control y la litigiosidad.

La conclusión práctica es clara:

Salir de España no siempre significa dejar de ser residente fiscal en España.

Y no ser claramente residente fiscal en otro país puede convertirse en un problema, no en una ventaja.