El Supremo corrige el cálculo de la principal fuente de renta en la transmisión de empresas familiares

Una sentencia relevante para la empresa familiar

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de gran importancia para quienes pretenden transmitir gratuitamente una empresa o actividad económica familiar.

La Sentencia 827/2026, de 1 de julio de 2026, recurso de casación 2632/2024, analiza cómo debe determinarse si una actividad económica constituye la «principal fuente de renta» del contribuyente cuando los distintos ingresos se calculan mediante métodos fiscales que no son comparables.

La cuestión puede parecer meramente matemática, pero tiene consecuencias directas sobre:

• La exención de determinadas empresas y negocios en el Impuesto sobre el Patrimonio.

• La reducción por transmisión de empresas familiares en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• La inexistencia de ganancia patrimonial en el IRPF del donante.

• La planificación de donaciones y sucesiones empresariales.

El Tribunal Supremo concluye que, cuando los rendimientos se han calculado mediante métodos diferentes y las magnitudes netas no resultan homogéneas, la comparación debe efectuarse atendiendo a los rendimientos íntegros o brutos, y no exclusivamente a los rendimientos netos.

¿Por qué es tan importante la principal fuente de renta?

El artículo 4.Ocho.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio permite declarar exentos determinados bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales.

Entre otros requisitos, se exige que la actividad sea ejercida de forma habitual, personal y directa por el contribuyente y que constituya su principal fuente de renta.

El artículo 3 del Real Decreto 1704/1999 dispone, con carácter general, que una actividad constituye la principal fuente de renta cuando al menos el 50 % de la base imponible del IRPF procede de los rendimientos netos de las actividades económicas correspondientes.

Este requisito del Impuesto sobre el Patrimonio se proyecta sobre otros impuestos.

Cuando una persona dona una empresa individual, un negocio profesional o determinadas participaciones que cumplen las condiciones de empresa familiar, el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones puede permitir una reducción estatal del 95 % en la base imponible del donatario.

A su vez, el artículo 33.3.c de la Ley del IRPF establece que no existe ganancia ni pérdida patrimonial para el donante en las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que se refiere el citado artículo 20.6.

Por tanto, si Hacienda considera que la actividad no constituye la principal fuente de renta, puede llegar a negar simultáneamente:

• La exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.

• La reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• La neutralidad de la donación en el IRPF del transmitente.

El caso analizado por el Tribunal Supremo

El contribuyente había transmitido gratuitamente a su hijo determinados bienes afectos a una actividad agrícola.

En el ejercicio analizado percibía dos clases principales de rentas:

• Una pensión de jubilación.

• Rendimientos procedentes de la actividad agrícola.

La controversia surgió porque el resultado de la comparación era completamente diferente según se utilizaran los ingresos íntegros o los rendimientos netos.

Renta	Rendimiento íntegro	Rendimiento neto
Pensión de jubilación	8.471,40 €	6.471,40 €
Actividad agrícola	9.653,11 €	842,72 €

Si se comparaban los rendimientos íntegros, la actividad agrícola era superior a la pensión.

Si se comparaban los rendimientos netos, la pensión era claramente superior.

Hacienda consideró que debían utilizarse los rendimientos netos y negó la aplicación del régimen fiscal previsto para la transmisión de la empresa familiar.

El problema: se estaban comparando magnitudes calculadas de forma diferente

La actividad agrícola tributaba mediante el método de estimación objetiva, mientras que el rendimiento de la pensión se determinaba conforme a las reglas generales de los rendimientos del trabajo.

El rendimiento neto de una actividad en estimación objetiva no se obtiene restando simplemente los gastos reales a los ingresos.

Se calcula mediante módulos, índices, signos o parámetros establecidos reglamentariamente.

Por el contrario, el rendimiento neto del trabajo se determina partiendo del rendimiento íntegro y descontando los gastos y reducciones previstos en la Ley del IRPF.

El resultado era que se comparaban dos magnitudes denominadas formalmente «rendimientos netos», pero construidas mediante procedimientos radicalmente distintos.

Para el Tribunal Supremo, esa comparación podía ofrecer una imagen distorsionada de la verdadera importancia económica de la actividad.

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo declara que, para determinar si una actividad económica constituye la principal fuente de renta a efectos del artículo 33.3.c de la Ley del IRPF, debe atenderse a los rendimientos íntegros cuando los rendimientos que se comparan han sido calculados mediante métodos diferentes que impiden una comparación homogénea de los importes netos.

En el caso concreto:

• La actividad agrícola generaba ingresos íntegros de 9.653,11 euros.

• La pensión ascendía a 8.471,40 euros.

• La actividad era, económicamente, la fuente de ingresos de mayor importancia.

• La utilización exclusiva del rendimiento neto calculado por módulos alteraba artificialmente esa realidad.

La sentencia confirma así el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y rechaza el recurso interpuesto por la Administración General del Estado.

El criterio finalista del Supremo

El Tribunal no se limita a efectuar una interpretación literal del Real Decreto 1704/1999.

También atiende a la finalidad del régimen fiscal de la empresa familiar.

Los beneficios fiscales vinculados a la transmisión de empresas pretenden facilitar la continuidad de las actividades económicas y evitar que la carga tributaria derivada de una sucesión o donación obligue a fragmentar, vender o descapitalizar el negocio.

Según el Supremo, una interpretación que compare magnitudes económicas no homogéneas puede contrariar esa finalidad.

También puede vulnerar el principio de capacidad económica, porque haría depender el beneficio fiscal de un método técnico de determinación del rendimiento y no de la verdadera importancia de la actividad en la economía del contribuyente.

La sentencia busca, por tanto, una comparación económicamente coherente y no meramente nominal.

¿Significa que siempre deben utilizarse los ingresos brutos?

No necesariamente.

Este es uno de los aspectos que deben explicarse con mayor cautela.

La formulación de la doctrina jurisprudencial es favorable a la utilización de los rendimientos íntegros. Sin embargo, la argumentación de la sentencia está estrechamente vinculada a una circunstancia concreta: los rendimientos netos que se comparaban habían sido calculados mediante métodos diferentes y no eran económicamente homogéneos.

Por ello, no parece prudente interpretar la resolución en el sentido de que, a partir de ahora, los ingresos brutos deban utilizarse indiscriminadamente en cualquier supuesto.

Cuando las distintas rentas se determinen con métodos homogéneos, la Administración podría seguir defendiendo la aplicación literal del artículo 3 del Real Decreto 1704/1999, que se refiere a rendimientos netos.

La sentencia abre una vía interpretativa muy importante, pero no elimina automáticamente todos los debates sobre la principal fuente de renta.

Tampoco debe extrapolarse sin más a las participaciones sociales

La sentencia se refiere a una actividad económica ejercida directamente por el contribuyente.

No debe confundirse este requisito con el previsto para la exención de participaciones en entidades.

En las participaciones societarias existe otro requisito específico: que una de las personas del grupo familiar ejerza funciones de dirección y perciba por ellas una remuneración que represente más del 50 % de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal.

El propio Tribunal Supremo distingue el caso resuelto de los pronunciamientos administrativos relativos al cálculo de la remuneración por funciones directivas en sociedades.

Por tanto, la sentencia no permite afirmar automáticamente que, para determinar si la remuneración de administrador supera el 50 %, deban compararse siempre importes íntegros.

Son requisitos diferentes, aunque ambos formen parte del régimen fiscal de la empresa familiar.

¿A quién puede beneficiar esta sentencia?

El pronunciamiento puede ser especialmente relevante para:

Agricultores y ganaderos en módulos

Son los contribuyentes más directamente afectados, porque sus rendimientos netos pueden calcularse por estimación objetiva y resultar muy inferiores a sus ingresos reales.

Empresarios que perciben una pensión

La coexistencia de una actividad económica con una pensión de jubilación, incapacidad u otra prestación puede provocar que la pensión aparezca como la principal fuente de renta si se comparan únicamente rendimientos netos.

La sentencia obliga a valorar si esa comparación es verdaderamente homogénea.

Profesionales con diferentes métodos de determinación de rentas

También puede ser relevante cuando concurran rendimientos del trabajo, actividades económicas en estimación directa y otras actividades sometidas a estimación objetiva.

Donaciones de negocios familiares

Antes de donar un negocio, debe comprobarse que se cumplen todos los requisitos del artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La nueva sentencia puede evitar que se rechace el régimen fiscal únicamente porque el rendimiento neto de la actividad, calculado mediante módulos, resulte inferior al de otras fuentes de renta.

Procedimientos tributarios en curso

Los contribuyentes que tengan abierta una comprobación, reclamación económico-administrativa o recurso relacionado con esta cuestión podrán invocar la doctrina del Tribunal Supremo.

También deberá analizarse si existen autoliquidaciones no prescritas susceptibles de rectificación, aunque la posibilidad de reclamar dependerá de las circunstancias concretas, de los actos administrativos existentes y de que no haya una resolución firme que impida reabrir el asunto.

Qué documentación debería conservarse

La sentencia incrementa la importancia de acreditar adecuadamente la realidad económica de la actividad.

Resulta aconsejable disponer de:

• Declaraciones del IRPF de los ejercicios relevantes.

• Modelos de pagos fraccionados.

• Libros registro y facturación de la actividad.

• Certificados de pensiones y rendimientos del trabajo.

• Cálculos separados de rendimientos íntegros y netos.

• Identificación del método de determinación de cada renta.

• Justificación de la habitualidad, personalidad y ejercicio directo de la actividad.

• Documentación de la donación o transmisión empresarial.

• Acreditación del cumplimiento de los restantes requisitos del régimen de empresa familiar.

No basta con demostrar que la actividad genera ingresos superiores. Deben cumplirse todos los demás requisitos exigidos por la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Valoración jurídica

La sentencia merece una valoración positiva.

La comparación exclusiva de rendimientos netos puede producir resultados arbitrarios cuando cada rendimiento se obtiene mediante reglas completamente diferentes.

Un rendimiento neto calculado por módulos no expresa necesariamente el beneficio económico real de la actividad. Es una magnitud fiscal estimada.

Compararlo con una pensión cuyo rendimiento neto se calcula mediante reglas distintas puede convertir una ficción técnica en el elemento decisivo para reconocer o negar beneficios fiscales de enorme importancia.

El Tribunal Supremo adopta una interpretación más próxima a la realidad económica y a la finalidad de protección de la empresa familiar.

No obstante, la sentencia también genera cierta inseguridad.

La literalidad del artículo 3 del Real Decreto 1704/1999 continúa refiriéndose a rendimientos netos. Será necesario determinar hasta dónde alcanza la nueva doctrina y en qué situaciones puede considerarse que los métodos de cálculo no son comparables.

La interpretación más prudente consiste en aplicar el criterio del Supremo cuando exista una auténtica falta de homogeneidad, documentando simultáneamente:

• Los ingresos íntegros.

• Los rendimientos netos.

• El método utilizado para calcular cada renta.

• La distorsión que produciría la comparación de las cantidades netas.

Conclusión

El Tribunal Supremo ha corregido una interpretación excesivamente formalista del requisito de principal fuente de renta.

Cuando las rentas del contribuyente se calculan mediante métodos diferentes y los rendimientos netos no son comparables, deberá atenderse a los rendimientos íntegros para determinar la importancia económica real de la actividad.

La sentencia puede facilitar la aplicación del régimen fiscal de la empresa familiar en donaciones de negocios individuales, especialmente en actividades agrícolas, ganaderas o empresariales sometidas a estimación objetiva.

Sin embargo, no supone que todos los contribuyentes puedan utilizar indistintamente los ingresos brutos.

La resolución debe aplicarse atendiendo a sus circunstancias concretas y no puede extrapolarse automáticamente a los requisitos de las participaciones societarias o a situaciones en las que las rentas se calculen mediante métodos homogéneos.

Estamos ante una sentencia favorable para el contribuyente, relevante para la planificación de la sucesión empresarial y potencialmente útil para revisar comprobaciones o autoliquidaciones todavía no firmes o no prescritas.