Verifactu en pausa: ¿moratoria necesaria o golpe a la seguridad jurídica?

By: Josep Navarro

El Gobierno ha vuelto a tocar una de las piezas clave de la reforma antifraude: la implantación obligatoria de Verifactu, el nuevo sistema informático de facturación. Mediante decreto ley, se retrasa de nuevo la obligación de usarlo hasta 2027: 1 de enero para quienes tributan por Impuesto sobre Sociedades, y 1 de julio para autónomos y resto de obligados.

El movimiento llega “in extremis”, con la fecha de 2026 ya en el horizonte, y se aprueba dentro de un paquete político más amplio que incluye la devolución a Cataluña de competencias sobre funcionarios locales con habilitación nacional.La decisión ha desatado una mezcla muy española de alivio, enfado y desconfianza.

1. Qué es realmente Verifactu y por qué importa tanto

Verifactu es el “nombre comercial” del Reglamento de Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF), aprobado por el Real Decreto 1007/2023, que desarrolla la Ley Antifraude 11/2021 y su famoso artículo 29.2.j LGT.

Su lógica es clara:

Obligar a usar software de facturación “a prueba de borrados”: registros íntegros, trazables e inalterables.
Incorporar identificadores únicos, encadenado de registros y, en muchos casos, código QR verificable.
Permitir que la AEAT acceda a esos registros (remisión inmediata o conservación accesible).
Sancionar con dureza el uso o comercialización de programas que permitan contabilidades “en B” (hasta 50.000 € al usuario y 150.000 € al proveedor de software).

En la práctica, supone el fin del software de doble uso y un salto hacia la fiscalización casi en tiempo real de la facturación de pymes y autónomos.

2. Un calendario que se ha convertido en montaña rusa

El caso Verifactu es un manual de cómo no gestionar un gran cambio tecnológico:

2021: la Ley 11/2021 modifica la LGT y anuncia el fin del software de doble uso.
2023: se aprueba el RD 1007/2023 con primera fecha de entrada en vigor: julio de 2025.
Primera prórroga (abril 2025): se pasa a enero y julio de 2026, según tipo de contribuyente.
Segunda prórroga (diciembre 2025): el RDL 15/2025 lleva las fechas a enero y julio de 2027.

Es decir, se amplía de facto dos años el periodo de gracia respecto al calendario previsto en el reglamento original.

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el mensaje es delicado: el propio Estado promueve durante años una fecha de entrada en vigor, obliga a empresas y desarrolladores a invertir… y, a semanas del momento clave, cambia otra vez las reglas.

3. Una moratoria polémica: alivio para unos, fiasco para otros

3.1. El alivio evidente: los que no llegaban

Las organizaciones de autónomos llevaban meses advirtiendo que la mayoría no estaba preparada, ni técnica ni financieramente. El presidente de ATA habló abiertamente de “alivio” ante una “marea de carga y trámites” que desbordaba al colectivo.

En territorios con alta densidad de microempresa, como Cantabria, cámaras de comercio y oficinas Acelera Pyme han recibido la decisión como “necesaria”, reconociendo que buena parte del tejido empresarial seguía muy lejos de poder cumplir en plazo, pese al impulso de programas como Kit Digital.

Desde esta perspectiva, la prórroga tiene un componente claramente positivo:

Evita un shock regulatorio sobre miles de pequeños negocios.
Amplía el margen para aprovechar ayudas públicas y planes de digitalización.
Permite adaptar mejor los procesos internos, formación de personal y selección de software.

3.2. El cabreo silencioso: los que sí se han adaptado

Pero el reverso es igual de claro. Según informaciones recientes, más de 40.000 empresas ya operaban bajo criterios Verifactu o estaban en fase avanzada de implantación.

Para ellas, el mensaje es demoledor:

Han invertido en software, integraciones y formación.
Han soportado costes y estrés organizativo para “llegar a tiempo”.
Y ahora ven cómo quienes no hicieron nada reciben de facto una amnistía de plazos, sin incentivo claro para ponerse al día.

Asociaciones de asesores fiscales (REAF, AEDAF) y expertos en la materia critican abiertamente que el cambio penaliza al cumplidor y alimenta la sensación de que el calendario normativo es negociable al albur de presiones sectoriales y pactos políticos.

4. La tormenta interna en la Agencia Tributaria

Lo más llamativo de esta prórroga es quizá la reacción desde dentro de la propia AEAT. Distintos técnicos e inspectores que llevaban años trabajando en el diseño técnico y en la pedagogía de Verifactu han llegado incluso a pedir disculpas públicas a empresas y desarrolladores, reconociendo su frustración ante un cambio que consideran eminentemente político.

Entre las críticas internas destacan:

La falta de información previa a los equipos técnicos y a los sindicatos de la Agencia.
La sensación de que se lanza a la basura parte del esfuerzo invertido en formación y comunicación.
El temor a que se erosionen la credibilidad y autoridad técnica de Hacienda de cara a futuras reformas.

Que una medida nacida de la Ley Antifraude acabe convertida en moneda de cambio en un decreto ley que también transfiere competencias a Cataluña añade un plus de polémica y alimenta el relato de la “fiscalidad a golpe de pacto”.

5. ¿Caos anunciado o oportunidad bien aprovechada?

La opinión experta está dividida, y ahí reside precisamente la riqueza del debate.

5.1. Visión crítica: “esto va a ser un caos”

Algunos fiscalistas advierten que, aunque el retraso alivie tensiones hoy, la tormenta se ha pospuesto, no evitado. Se subrayan varios riesgos:

Complejidad operativa: toda factura deberá quedar “grabada en piedra”; cualquier error exigirá factura rectificativa.
Rigidez para el pequeño negocio acostumbrado a corregir internamente errores menores en su facturación.
Sanciones muy elevadas por utilizar software no conforme o alterado.
Posible colapso de asesorías y proveedores de software si la adaptación masiva se deja para 2026–2027.

Desde esta óptica, la prórroga puede fomentar una peligrosa “cultura del ya lo veremos”, retrasando decisiones que requieren tiempo, pruebas y acompañamiento.

5.2. Visión positiva: una ventana para digitalizar en serio

Otros asesores entienden Verifactu como una oportunidad de oro para modernizar empresas que aún facturan casi “como en los años 90”. Señalan que:

La digitalización bien planificada mejora el control interno, el cobro y la gestión del negocio.
El uso de software homologado reduce errores, disputas con clientes y problemas de archivo.
La aplicación gratuita de la AEAT puede ser una solución de entrada para negocios muy pequeños.
Un sistema estandarizado puede reducir litigiosidad al acotar claramente qué se considera factura válida y qué no.

Como suele ocurrir, el impacto final dependerá menos del texto legal y más de cómo se utilicen estos dos años extra: si son para planificar y acompañar, o para seguir mirando hacia otro lado.

6. Claves técnicas que no conviene perder de vista

De cara a tu clientela y a la pedagogía fiscal, hay varios mensajes esenciales:

Verifactu no es solo “mandar las facturas a Hacienda”: regula el propio sistema informático que genera los registros de facturación, sea en tienda física u online.
Afecta a casi todos los empresarios y profesionales que emitan facturas, salvo regímenes ya conectados vía SII y territorios forales.
No usar sistemas conformes, o alterarlos intencionadamente, pasa a ser una infracción específica, grave y fuertemente sancionada.
El nuevo calendario no cambia el fondo de la obligación, solo el “cuándo”.

7. Valoración final: moratoria comprensible, pero cara en credibilidad

Desde una perspectiva crítica pero constructiva, la prórroga de Verifactu a 2027 es un arma de doble filo:

Positivo:
- Evita un choque regulatorio inmediato sobre miles de pymes y autónomos objetivamente no preparados.
- Da margen para extender ayudas, formación y acompañamiento real.
- Permite afinar detalles técnicos en un sistema muy exigente y todavía poco comprendido.
Negativo:
- Debilita la seguridad jurídica y la confianza en los calendarios oficiales.
- Envía el mensaje de que cumplir pronto sale caro, mientras que ir al límite de plazo puede ser premiado con sucesivas moratorias.
- Genera tensiones internas en la propia AEAT y erosiona la percepción de una política antifraude coherente y previsible.

En definitiva, el retraso puede ser una buena noticia si se utiliza para preparar seriamente al tejido empresarial. Si se desperdicia en prolongar la inacción, en 2027 tendremos exactamente el mismo problema… pero con todavía más cansancio, desconfianza y dinero público invertido.

Hacienda