Emprendedores: El "Exit Tax"

Exit TAx

El exit tax, recogido en el Artículo 95 Bis de la Ley del IRPF, es para los emprendedores con vocación internacional el punto más sangrante de esta reforma, pues afecta a todo aquel que posea el 25% de las acciones de una sociedad con un valor de un millón de euros, o acciones por más de 4 millones de euros. Se trata de una medida que tiene como objetivo gravar las rentas más altas, y que también existe –con algunas diferencias– en países como EEUU, Alemania, Francia o Dinamarca.

Estos ciudadanos tendrán que pagar por la diferencia entre el valor de compra de sus valores y el que estos tengan cuando salgan de España aunque no hayan vendido esas acciones. Es decir, tendrán que declarar como renta del ahorro —con un tipo de gravamen de hasta el 24% en 2015— las plusvalías latentes.Se trata de un impuesto antielusión de capitales que ya tienen algunos países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda o incluso Estados Unidos, según recuerdan en el Ministerio de Hacienda. El impuesto español solo afecta teóricamente a los grandes patrimonios, a diferencia de lo que ocurre en Alemania y Dinamarca, donde el límite de aplicación es menor.

La figura creada por Hacienda se aplica a un conjunto de bienes reducido: acciones y participaciones mientras que, por ejemplo, el exit tax de Estados Unidos se aplica a todo el patrimonio del ciudadano o en Dinamarca a un conjunto amplio de valores que incluye inmuebles o aportaciones a planes de pensiones.

Para evitar que el impuesto sea confiscatorio, como denuncian algunas asociaciones de inversores, el Ejecutivo ha previsto que el impuesto no será exigible si el traslado del contribuyente se produce a otro Estado dentro de la Unión Europea. Además, en el caso de que transcurran 10 años desde el cambio de país y no se hayan vendido las participaciones el impuesto quedará sin efecto y la Agencia Tributaria devolverá el dinero. Esto se hace para garantizar que no existe ánimo especulativo.Para evitar perjuicios para los trabajadores que sean trasladados por motivos laborales se permite que estos no tengan que pagarlo salvo si permanecen más de 10 años fuera. Además, en caso de retorno sin haber vendido las participaciones o acciones quedará anulado el impuesto. Si ya lo había pagado se le devolverá junto con los intereses correspondientes, en caso de que hubiera pedido un aplazamiento el impuesto quedará sin vigor.

Pese a que este nuevo tributo está diseñado como un impuesto para las grandes fortunas que llegan a España a invertir con la intención de mudarse a otro país con una fiscalidad más favorable donde trasladar los beneficios generados por sus inversiones españolas para apenas tributar, la medida ha causado cierta polémica.

La Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) denunció  a España ante la Comisión Europea por este gravamen al considerar que vulnera el derecho comunitario porque restringe la libertad de movimiento y establecimiento dentro de la UE. Asinver considera que este impuesto “tiene carácter confiscatorio y representa una discriminación fiscal”.

La Fundación Impuestos y Competitividad, integrada por los grandes despachos de abogados del país, también ha cuestionado el exit tax porque considera que podría suponer un lastre para la competitividad de las empresas y la expansión exterior.

Algunos inversores creen que el tributo puede perjudicar la aparición de start-ups, no es tan difícil como parece que los accionistas de estas compañías cumplan las condiciones para que se les aplique el impuesto. En concreto por lo que se refiere a la valoración teórica de la sociedad, los casos en que los fundadores de start-ups no tienen apenas ingresos son muchos, a pesar de que el valor teórico de su sociedad pueda ser superior al millón de euros.

En Hacienda defienden la configuración del nuevo impuesto comparado con el que existe en otros países como Francia, Alemania o Dinamarca, porque solo afecta a grandes patrimonios y se aplica sobre un conjunto de bienes limitados.

En nuestra opinión es un tributo que no hace distinciones; en nuestro orden jurídico es proverbial la falta de excepciones. Las start-ups tiene muchas dificultades para consolidarse, baste recordar que el 80% de las mismas, según datos del INE, no superan el primer año de vida.  

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