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IRPF V1727-20 - 02/06/2020

Consultation number: 
V1727-20
DGT Organ: 
SG de IRPF
Departure date: 
02/06/2020
Regulation: 
LIRPF. Ley 35/2006, Art. 19.
Description of facts: 

La consultante, con residencia habitual en Madrid obtuvo en 2018 un puesto de trabajo en Zaragoza que le obligó a cambiar de domicilio. De acuerdo con la documentación aportada, la consultante finalizó dicho contrato de trabajo el 10 de diciembre de 2018, inscribiéndose como demandante de empleo en su oficina correspondiente de Madrid el 17 de diciembre de 2018, ciudad en la que vuelve a establecer su residencia habitual. Posteriormente, en mayo de 2019 obtiene un puesto de trabajo en Granada que le obliga nuevamente a cambiar su residencia habitual.

Issue raised: 

Si tiene derecho a aplicar la reducción por movilidad geográfica durante los años 2019 y 2020.

Complete answer: 

El artículo 19.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, establece:

“2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:

(…).

f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.

Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.

Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Los gastos deducibles a que se refiere esta letra f) tendrán como límite el rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles previstos en este apartado.”.

Mientras que el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 4 de agosto), establece:

“1. Podrán deducir la cuantía de 2.000 euros anuales adicionales establecida en el segundo párrafo de la letra f) del artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, los contribuyentes desempleados e inscritos en una oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo situado en un municipio distinto al de su residencia habitual, siempre que el nuevo puesto de trabajo exija el cambio de dicha residencia.

2. A efectos de la aplicación del límite previsto en el último párrafo de la letra f) del artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, cuando el contribuyente obtenga en el mismo período impositivo rendimientos derivados de un trabajo que permita computar un mayor gasto deducible de los previstos en el segundo y tercer párrafo de dicha letra f) y otros rendimientos del trabajo, el incremento del gasto deducible se atribuirá exclusivamente a los rendimientos íntegros del trabajo señalados en primer lugar.”.

Con carácter general, la aplicación de la reducción por movilidad geográfica queda condicionada a que efectivamente se haya producido el cambio de residencia del contribuyente a un nuevo municipio, distinto al de su residencia habitual, sin que este municipio tenga que ser, necesariamente, aquel en que esté situado el puesto de trabajo que se acepta. Eso sí, el nuevo puesto de trabajo debe exigir el cambio de residencia.

Tampoco limita la norma la aplicación de esta reducción a la duración del contrato de trabajo.

Por otra parte, se exige igualmente para la aplicación de la reducción por movilidad geográfica que el contribuyente figure inscrito en la oficina de empleo.

Por otro lado, cabe señalar que, el simple empadronamiento no se considera por sí solo elemento suficiente de acreditación de residencia y vivienda habitual en una determinada localidad, como tampoco lo es el hecho de trasladar o mantener el domicilio fiscal en lugar determinado.

En el presente caso, la consultante habiendo aceptado en 2018 el trabajo en un municipio distinto (Zaragoza) al que parece ser el de su residencia habitual (Madrid), lo que conlleva que ha trasladado su residencia al mismo, al menos con carácter temporal, y partiendo de la premisa de que dicha persona se encontraba inscrita en la oficina de empleo que le correspondiera justo antes de aceptar su puesto de trabajo en Zaragoza –en el escrito de consulta no se especifica que la consultante cumpliese este último requisito–, se entiende que se cumplen por la consultante todos los requisitos exigidos para la aplicación de la reducción por movilidad geográfica en el ejercicio en que tuvo lugar el cambio de residencia (2018), y en el siguiente (2019).

Por otro lado, en este caso cabe precisar que, de acuerdo con el criterio establecido por este Centro Directivo en consulta vinculante con número de referencia V0716-06, de fecha 12 de abril de 2006, la norma no contiene ningún requisito de carácter temporal, ni en cuanto a la permanencia en el puesto de trabajo que se acepta ni en cuanto a la permanencia en el municipio al que traslada su residencia con motivo de la aceptación del puesto de trabajo.

Por otro lado, dado que en 2019 estando la consultante inscrita en su oficina de empleo de Madrid, municipio donde ésta estableció nuevamente su residencia habitual, obtuvo un puesto de trabajo en Granada que parece que podría haberle obligado a cambiar nuevamente de residencia – la consultante aporta contrato de arrendamiento de vivienda en Almuñecar (Granada) de fecha 19 de mayo de 2019 –, será de aplicación en su caso el incremento del gasto deducible que proceda, según la condición del contribuyente, incremento que, de acuerdo con el artículo 19 de la LIRPF, será de aplicación en el período impositivo en que se produzca el cambio de residencia (2019), y en el siguiente (2020).

La concreción de dicho cambio de residencia y su necesidad es una cuestión de hecho. Para hacer valer el derecho a la reducción, el contribuyente deberá poder acreditar el cumplimiento de todos los requisitos mencionados por cualquier medio de prueba admitido en Derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18), correspondiendo valorar las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.