¿Qué clases de actas de inspección existen?

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Las tres modalidades de acta

Según la Ley General Tributaria (LGT), las actas de inspección se tramitan como actas con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Esta clasificación atiende a la forma de tramitación y a la posición del obligado tributario ante la propuesta de regularización; no debe confundirse con que la liquidación resultante sea provisional o definitiva.

Acta con acuerdo

Puede utilizarse cuando, para regularizar, sea necesario concretar conceptos jurídicos indeterminados, apreciar hechos relevantes para aplicar la norma o realizar estimaciones, valoraciones o mediciones que no puedan cuantificarse con certeza. Requiere autorización del órgano competente y depósito o garantía suficiente. El acta incorpora las propuestas de liquidación y, si procede, de sanción, así como la aceptación expresa de todo su contenido y la renuncia a tramitar separadamente el procedimiento sancionador. Si en diez días hábiles no se notifica una corrección de errores materiales, la liquidación y, en su caso, la sanción se entienden dictadas y notificadas según las propuestas. La impugnación administrativa queda muy limitada, por lo que conviene valorar cuidadosamente el acuerdo antes de firmar.

Acta de conformidad

El obligado tributario manifiesta expresamente su conformidad con la propuesta de regularización. Antes de la firma se concede trámite de audiencia. Si en el plazo de un mes desde el día siguiente al acta el órgano competente no notifica una de las decisiones previstas legalmente —por ejemplo, rectificar errores, completar actuaciones o corregir la apreciación de los hechos o la aplicación del Derecho— la liquidación se entiende dictada y notificada conforme a la propuesta. La conformidad no se puede revocar, aunque cabe recurrir la liquidación resultante en los términos legales. Los hechos aceptados reciben el tratamiento probatorio previsto en la LGT. La conformidad puede ser parcial y, según el caso, el Reglamento prevé actas relacionadas de conformidad y disconformidad.

Acta de disconformidad

Se tramita así cuando el obligado no acepta la propuesta, se niega a firmar o no comparece a la firma. La discrepancia debe reflejarse; antes de la firma se concede audiencia y, después, el obligado puede presentar alegaciones en el plazo de 15 días desde la extensión o notificación del acta. El órgano competente examina el acta, el informe que proceda y las alegaciones antes de dictar y notificar la liquidación; también puede ordenar que se complete el expediente.

Qué no debe confundirse

Las denominaciones antiguas “acta previa/definitiva”, “de comprobado y conforme”, “sin descubrimiento de deuda” o “con prueba preconstituida” no forman parte de las tres clases de tramitación del artículo 154 LGT. Que una liquidación derivada sea provisional o definitiva depende de las circunstancias y del alcance de la comprobación. Tampoco la ausencia del obligado o su negativa a firmar equivale a conformidad: la normativa prevé en esos casos la tramitación como disconformidad.

El acta, por regla general, no es recurrible por sí sola: los recursos se dirigen contra la liquidación que resulte, con los efectos especiales que la ley atribuye a cada modalidad. Normas principales: artículos 144 y 154–157 LGT y artículos 185–188 del Real Decreto 1065/2007.