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<p>El artículo 101.3 de la Ley General Tributaria (LGT) considera definitivas: (i) las liquidaciones dictadas en un procedimiento inspector tras comprobar e investigar la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo los supuestos del apartado 4; y (ii) las demás a las que la normativa tributaria atribuya expresamente ese carácter. En los restantes casos, las liquidaciones son provisionales (artículo 101.4 LGT). Una liquidación provisional no se convierte automáticamente en definitiva por el mero transcurso de cinco años ni por el hecho de que la Administración no la haya comprobado dentro de un plazo general. El plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda mediante liquidación es, con carácter general, de cuatro años (artículo 66.a LGT), pero su cómputo, interrupción y las reglas especiales aplicables deben analizarse por separado. La prescripción no es una regla que transforme por sí sola la naturaleza de una liquidación. La calificación como definitiva tampoco significa necesariamente que el acto sea firme o que no pueda recurrirse. Los recursos y plazos dependen de la notificación y de la normativa aplicable; además, la revisión de actos tributarios está sujeta a los procedimientos y límites previstos legalmente.</p>



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