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Los actos administrativos se presumen válidos y, como regla general, producen efectos desde la fecha en que se dictan. Su eficacia queda demorada cuando así lo exija su contenido o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.1 y 2 de la Ley 39/2015).
En materia tributaria, se aplica el régimen general de notificaciones administrativas con las especialidades de los arts. 109 a 112 de la Ley 58/2003, General Tributaria. La notificación es esencial cuando la norma aplicable supedita a ella la eficacia del acto y permite que el contribuyente conozca íntegramente la decisión, los recursos procedentes y sus plazos.
Por tanto, no es correcto afirmar con carácter absoluto que todo acto no notificado carezca de efectos jurídicos: la consecuencia depende de la norma aplicable y de la naturaleza del acto. Además, una notificación que contenga el texto íntegro pero omita otros requisitos puede surtir efecto cuando el interesado realice actuaciones que revelen el conocimiento del contenido y alcance del acto o interponga un recurso procedente (art. 40.3 de la Ley 39/2015).
Fuentes oficiales: Ley 39/2015, arts. 39 y 40, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 ; Ley 58/2003, General Tributaria, arts. 109 a 112, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
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