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¿Qué clases de recursos pueden interponerse contra las liquidaciones giradas por la Administración?

Aclare sus dudas consultando su caso particular


Como se explica en el capítulo 1, las liquidaciones administrativas pueden ser provisionales o definitivas. Que una liquidación sea definitiva no significa, por sí solo, que sea firme ni inimpugnable.

La persona que recibe una liquidación puede impugnarla por las vías y dentro de los plazos aplicables. Al notificar el acto, la Administración debe indicar los recursos procedentes, el órgano ante el que se presentan y su plazo, conforme al artículo 102.2 LGT y a las reglas generales de notificación.

Con carácter general, frente a una liquidación tributaria cabe optar entre el recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto y la reclamación económico-administrativa directa ante el órgano competente. Son vías alternativas en esta fase: si se interpone reposición, no puede promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que la reposición se resuelva expresamente o pueda entenderse desestimada. El plazo ordinario para ambas vías es, por regla general, de un mes desde el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de las normas especiales y de lo que indique válidamente la notificación. Véanse los apartados 4.2 y 4.3.

La reclamación económico-administrativa se tramita ante los órganos económico-administrativos competentes. Según el órgano que dictó el acto, la materia, la cuantía y las reglas de competencia, podrá existir una primera instancia y, cuando proceda, una alzada. No debe presumirse que todo asunto llega al Tribunal Económico-Administrativo Central. La tributación local y determinados actos pueden seguir reglas específicas.

El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos o resoluciones firmes y por motivos tasados legalmente; no es una tercera vía ordinaria para volver a discutir cualquier liquidación. Se explica en el apartado 4.6.

Una vez agotada la vía administrativa que corresponda, cabe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a sus plazos y requisitos. El órgano judicial competente no es siempre un Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional: puede ser, entre otros, un Juzgado de lo Contencioso-administrativo o un órgano superior, según la autoridad que dictó el acto y las reglas de competencia de la Ley 29/1998. Véase el apartado 4.10.

Normativa principal: artículos 102.2, 213, 222–225, 235 y 244 LGT; artículos 8–14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La vía, el plazo y el órgano competente deben comprobarse en la notificación y en la norma aplicable al acto concreto.