Aclare sus dudas consultando su caso particular
Como se explica en el capítulo 1, las liquidaciones administrativas pueden ser provisionales o definitivas. Que una liquidación sea definitiva no significa, por sí solo, que sea firme ni inimpugnable.
La persona que recibe una liquidación puede impugnarla por las vías y dentro de los plazos aplicables. Al notificar el acto, la Administración debe indicar los recursos procedentes, el órgano ante el que se presentan y su plazo, conforme al artículo 102.2 LGT y a las reglas generales de notificación.
Con carácter general, frente a una liquidación tributaria cabe optar entre el recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto y la reclamación económico-administrativa directa ante el órgano competente. Son vías alternativas en esta fase: si se interpone reposición, no puede promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que la reposición se resuelva expresamente o pueda entenderse desestimada. El plazo ordinario para ambas vías es, por regla general, de un mes desde el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de las normas especiales y de lo que indique válidamente la notificación. Véanse los apartados 4.2 y 4.3.
La reclamación económico-administrativa se tramita ante los órganos económico-administrativos competentes. Según el órgano que dictó el acto, la materia, la cuantía y las reglas de competencia, podrá existir una primera instancia y, cuando proceda, una alzada. No debe presumirse que todo asunto llega al Tribunal Económico-Administrativo Central. La tributación local y determinados actos pueden seguir reglas específicas.
El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos o resoluciones firmes y por motivos tasados legalmente; no es una tercera vía ordinaria para volver a discutir cualquier liquidación. Se explica en el apartado 4.6.
Una vez agotada la vía administrativa que corresponda, cabe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a sus plazos y requisitos. El órgano judicial competente no es siempre un Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional: puede ser, entre otros, un Juzgado de lo Contencioso-administrativo o un órgano superior, según la autoridad que dictó el acto y las reglas de competencia de la Ley 29/1998. Véase el apartado 4.10.
Normativa principal: artículos 102.2, 213, 222–225, 235 y 244 LGT; artículos 8–14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La vía, el plazo y el órgano competente deben comprobarse en la notificación y en la norma aplicable al acto concreto.



I had a really urgent problem in the middle of the summer that I needed to get fixed. I tried contacting a bunch of agencies but they were either unavailable, slow, had terrible service or were crazy expensive (one company quoted me 1000€!). Josep replied to me within 10 minutes and managed to submit my forms on the deadline and all for a great price. He saved my life - 100% recommend!