¿En qué consiste el procedimiento de apremio?

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Los actos administrativos sujetos al Derecho administrativo se presumen válidos y, como regla general, son ejecutivos conforme a la ley. Esta presunción no significa que sean inimpugnables ni que todos sus hechos se tengan por ciertos de forma irrebatible. En materia tributaria, la Ley General Tributaria (LGT) regula la recaudación ejecutiva y el procedimiento de apremio.

El período ejecutivo y el procedimiento de apremio son fases relacionadas, pero distintas. El período ejecutivo comienza, según el tipo de deuda, al día siguiente del vencimiento del plazo de pago voluntario o, para una autoliquidación presentada sin ingreso, conforme a la regla del artículo 161.1.b LGT. El procedimiento de apremio se inicia después mediante la notificación de una providencia de apremio.

La providencia identifica la deuda pendiente, liquida el recargo del período ejecutivo que corresponda y requiere su pago. Es título suficiente para iniciar el apremio; la ley vigente no exige una “certificación de descubierto” separada. El recargo ejecutivo del 5 % se aplica si se paga toda la deuda antes de notificarse la providencia; el reducido del 10 %, si se pagan toda la deuda y el propio recargo dentro del plazo del artículo 62.5 LGT; y, en los demás casos, se aplica el ordinario del 20 %. Los recargos del 5 % y del 10 % excluyen los intereses devengados desde el inicio del período ejecutivo; el recargo ordinario del 20 % es compatible con dichos intereses.

Notificada la providencia, existe el plazo de pago del artículo 62.5 LGT. Si no se paga dentro de ese plazo, se procede al embargo de bienes y derechos, como ya debe advertir la providencia. El embargo debe respetar la proporcionalidad, el orden legal y los bienes declarados inembargables, y debe cubrir la deuda, los intereses que procedan, los recargos y las costas.

Los bienes embargados pueden realizarse mediante los procedimientos y en los casos previstos legalmente, que incluyen subasta, concurso o adjudicación directa en los supuestos reglamentarios. Como regla general, la Administración no puede enajenarlos hasta que la liquidación ejecutada sea firme, salvo las excepciones legales. No se adjudican automáticamente al Estado los bienes que no hayan podido venderse.

Si todos los obligados al pago son declarados fallidos y el crédito se declara incobrable, el procedimiento termina en esa cuantía; podrá reanudarse dentro del plazo de prescripción si se conoce después la solvencia de alguno de los obligados. También termina con el pago o con el acuerdo que declare extinguida la deuda por otra causa.

Motivos de oposición a la providencia de apremio
La LGT admite únicamente estos motivos: extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; solicitud en período voluntario de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, u otra causa de suspensión de la recaudación; falta de notificación de la liquidación; anulación de la liquidación; y error u omisión en la providencia que impida identificar al deudor o la deuda. La impugnación del apremio no permite, por regla general, reabrir cualquier cuestión de fondo de la liquidación fuera de estos motivos.