Aclare sus dudas consultando su caso particular
La Administración tributaria puede enviar comunicaciones para informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta. La Ley General Tributaria también reconoce el derecho de los obligados a recibir información y asistencia sobre sus derechos y obligaciones (arts. 34 y 87).
Estas comunicaciones informativas no equivalen por sí mismas a una liquidación, una sanción ni a una resolución que declare probado un incumplimiento. Sus efectos dependen de su contenido y de la actuación administrativa concreta. Si se inicia un procedimiento de comprobación o inspección, deben respetarse sus trámites, garantías y vías de impugnación.
Por ello, una carta dirigida a un sector o grupo de contribuyentes no permite concluir, sin examinarla, que exista coacción, prejuzgamiento o vulneración de la seguridad jurídica. Para valorar su legalidad hay que atender al texto recibido, a su finalidad y a los efectos que produzca en el caso concreto.



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