• English
  • Español

Limitación de los medios de garantía para la suspensión de los actos administrativos

Aclare sus dudas consultando su caso particular


En las reclamaciones económico-administrativas, la suspensión automática de un acto con deuda exige solicitarla y garantizar el importe, los intereses y los recargos que podrían proceder. La ley limita las garantías tasadas para esta modalidad: depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza solidaria de entidad financiera o sociedad de garantía recíproca, seguro de caución y, en los supuestos previstos, fianza personal y solidaria de otros contribuyentes.

La normativa contempla también otras vías. Si el interesado no puede aportar esas garantías, puede solicitar la suspensión ofreciendo otras garantías que se consideren suficientes. Además, el tribunal puede acordar la dispensa total o parcial cuando la ejecución pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación, y puede suspender sin garantía si aprecia un posible error aritmético, material o de hecho. La concesión depende de los requisitos y de la prueba aportada.

Por tanto, no es exacto afirmar que solo cabe el aval bancario ni que la falta de este conduce inevitablemente a la ejecución. Tampoco la regulación permite asegurar que el sistema vulnere por sí mismo la igualdad o la tutela judicial efectiva: esas valoraciones requieren atender a la norma y a las circunstancias concretas. En una solicitud conviene justificar la imposibilidad de aportar las garantías tasadas, describir y valorar las alternativas ofrecidas y acreditar los perjuicios alegados, según corresponda.

Este régimen se recoge, entre otros, en el artículo 233, apartados 1 a 6, de la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 520/2005. La suspensión debe pedirse expresamente y dentro de los plazos aplicables; presentar una reclamación no garantiza por sí solo que la deuda quede suspendida.