Los distintos criterios de valoración que siembran nuestro sistema tributario y la comprobación de valores

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No existe un único valor tributario aplicable a todos los impuestos. Cada tributo establece su propia regla y, por eso, un mismo bien puede tener valores distintos según el impuesto y la operación. El valor catastral, el precio o contraprestación, el valor de mercado y los valores comprobados por la Administración cumplen funciones diferentes; no son intercambiables por regla general.

En las transmisiones de inmuebles sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en las adquisiciones sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), la regla general vigente utiliza el valor de referencia catastral a la fecha de devengo. Si el valor declarado o, en ITPAJD, el precio o contraprestación supera el valor de referencia, se toma la magnitud superior que determina la ley. Si no existe valor de referencia certificable, se aplican las reglas alternativas propias de cada impuesto.

El valor de referencia no es lo mismo que el valor catastral utilizado para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ni que una comprobación de valores ordinaria. En otros impuestos pueden aplicarse criterios distintos conforme a su normativa. Por eso, una comparación entre recibos o declaraciones de impuestos diferentes no permite, por sí sola, concluir que uno de los valores sea incorrecto.

Cuando la Administración comprueba valores mediante alguno de los medios del artículo 57 de la Ley General Tributaria, la propuesta debe estar motivada y expresar los medios y criterios empleados. El obligado puede plantear cuestiones sobre la valoración al recurrir o reclamar la liquidación y, en los supuestos legales, promover una tasación pericial contradictoria dentro del plazo correspondiente (arts. 134 y 135 LGT). No es un remedio universal para cualquier tipo de valor.

El valor de referencia se impugna por la vía prevista en la ley del impuesto: al solicitar la rectificación de la autoliquidación o al recurrir la liquidación. La Administración debe recabar el informe previsto de la Dirección General del Catastro, que puede ratificar o corregir el valor. Esta impugnación sigue un cauce distinto de la tasación pericial contradictoria (art. 9 de la Ley del ISD y art. 10 del texto refundido de la Ley del ITPAJD).

Normativa: artículos 57 y 134 a 135 de la Ley 58/2003, General Tributaria; artículo 9 de la Ley 29/1987, del ISD; y artículos 10 y 46 del texto refundido de la Ley del ITPAJD.