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El plazo general de prescripción tributaria es de cuatro años, sin perjuicio de las interrupciones y de las reglas especiales. La Ley General Tributaria distingue cuatro derechos y establece un cómputo propio para cada uno (arts. 66 a 68):
a) Derecho de la Administración a determinar la deuda mediante liquidación (art. 66.a): el plazo empieza, como regla, el día siguiente al fin del plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación. En tributos de cobro periódico por recibo en los que no sea necesaria declaración o autoliquidación, empieza el día del devengo (art. 67.1 LGT).
b) Derecho a exigir el pago de deudas liquidadas o autoliquidadas (art. 66.b): el plazo comienza el día siguiente a aquel en que termina el período voluntario de pago. Para responsables solidarios o subsidiarios se aplican las reglas específicas del artículo 67.2 LGT.
c) Derecho a solicitar devoluciones derivadas de la normativa del tributo, devoluciones de ingresos indebidos y reembolso del coste de garantías (art. 66.c): el inicio depende del supuesto. En general, se cuenta desde el día siguiente al fin del plazo legal para solicitar la devolución o desde el día siguiente a aquel en que pudo solicitarse. Si se trata de un ingreso indebido, se cuenta desde el día siguiente al pago; si el ingreso se efectuó dentro del plazo para presentar una autoliquidación, desde el día siguiente al fin de ese plazo. Cuando una resolución o sentencia firme declara improcedente, total o parcialmente, el acto impugnado, se cuenta desde el día siguiente a su firmeza (art. 67.1 LGT).
d) Derecho a obtener las devoluciones o el reembolso (art. 66.d): el plazo empieza el día siguiente al fin del plazo legal para efectuar la devolución o al de la notificación del acuerdo que reconoce el derecho (art. 67.1 LGT).
La potestad para imponer sanciones tributarias tiene un plazo propio de prescripción de cuatro años desde que se cometió la infracción (art. 189.2 LGT); no es el derecho a solicitar devoluciones del artículo 66.c. Una vez impuesta la sanción, el plazo para exigir su pago sigue las reglas del cobro de deudas tributarias (art. 190.2 LGT).
Especialidad en ITP-AJD: para la prescripción, la fecha de un documento privado que deba presentarse a liquidación se presume que es la fecha de su presentación, salvo que antes se haya producido alguno de los hechos previstos en el artículo 1227 del Código Civil: incorporación o inscripción en un registro público, fallecimiento de un firmante o entrega a un funcionario público por razón de su oficio. Esta regla determina qué fecha se considera para el documento y se aplica junto con el plazo y las reglas de cómputo legales; no establece un plazo general de cinco años (art. 50.2 del texto refundido de la Ley del ITP-AJD).
El cómputo concreto puede verse afectado por las causas de interrupción del artículo 68 LGT y por otras reglas especiales. Para valorar un expediente deben identificarse el derecho afectado, su fecha inicial, las posibles interrupciones y, cuando corresponda, las suspensiones previstas legalmente.
Fuentes oficiales:
Ley General Tributaria, texto consolidado: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/17/58/con
Texto refundido de la Ley del ITP-AJD: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1993/09/24/1/con
Código Civil, artículo 1227: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763



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