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¿Qué diferencias hay entre el delito fiscal y las infracciones administrativas?

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La diferencia no es solo formal. El delito contra la Hacienda Pública se define en el Código Penal y su existencia y responsabilidad se determinan en un proceso penal. Para el tipo general del artículo 305 se exige, entre otros elementos, una cuantía superior a 120.000 euros calculada conforme a la ley. Las infracciones tributarias se tipifican en la Ley General Tributaria y pueden cometerse con dolo o culpa, incluida cualquier forma de negligencia, siempre que concurran los demás requisitos legales. Una infracción administrativa no puede imponerse como pena de prisión.

 

Cuando la Administración aprecia indicios de delito, por regla general continúa la tramitación tributaria, remite el tanto de culpa al órgano judicial o el expediente al Ministerio Fiscal y practica liquidaciones separadas para los elementos vinculados y no vinculados al posible delito. La Ley prevé excepciones en las que no se practica la liquidación vinculada al delito, por ejemplo si pudiera prescribir el delito, no pudiera determinarse con exactitud la deuda o la liquidación perjudicara la investigación. Respecto de los mismos hechos, la Administración no inicia o no continúa el procedimiento sancionador mientras se remite el caso a la vía penal.

 

Una condena penal impide imponer una sanción administrativa por los mismos hechos. Si no se aprecia delito, la Administración puede iniciar o reanudar, cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo conforme a los hechos que el tribunal haya declarado probados. Esto no significa que toda deuda tributaria quede en suspenso: la Administración puede liquidar y cobrar conforme al régimen legal, y la liquidación vinculada al posible delito no admite recurso administrativo ordinario; el juez puede acordar la suspensión de su cobro en los términos legales.

 

Normativa: artículos 179, 183 y 250 a 255 de la Ley General Tributaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186