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El recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) permite impugnar determinadas resoluciones dictadas en primera instancia por un Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local (TEAR/TEAL) o por el órgano económico-administrativo competente de una Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía. No procede contra toda resolución de un TEAR: la cuantía y las reglas de competencia determinan si la resolución se dicta en única o en primera instancia y si cabe alzada ordinaria (artículos 229 y 241 LGT).
Con carácter general, cabe recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la reclamación supera 150.000 euros, o 1.800.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones; también cabe si la cuantía es indeterminada. La cuantía se calcula conforme al Reglamento de revisión en vía administrativa y puede no coincidir con la suma de todas las deudas que figuren en un mismo acto (artículos 35 y 36 del Real Decreto 520/2005). La resolución debe indicar los recursos que proceden.
El plazo es de un mes desde el día siguiente al de la notificación. El escrito se presenta ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, dirigido al TEAC. Si quien recurre estuvo personado en la primera instancia, debe incluir sus alegaciones y solo puede aportar pruebas que no hubiera podido presentar entonces. Están legitimados los interesados y, dentro de sus respectivas competencias, determinados órganos directivos de la Administración tributaria (artículo 241.1–3 LGT).
El plazo máximo de resolución es de un año. Transcurrido sin notificación, el interesado puede entender desestimado el recurso para acudir a la vía procedente; el TEAC conserva el deber de resolver expresamente. Los plazos para recurrir una resolución expresa se computan desde el día siguiente a su notificación (artículos 240 y 241.4 LGT).
No debe confundirse esta alzada ordinaria, que puede afectar a la situación particular y puede interponerla un interesado legitimado, con la alzada extraordinaria para unificación de criterio. Esta última se dirige contra ciertas resoluciones no recurribles en alzada ordinaria, solo pueden promoverla los órganos administrativos legalmente legitimados y su finalidad es unificar criterios (artículo 242 LGT).
La resolución del TEAC pone fin a la vía económico-administrativa ordinaria. Puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero el órgano judicial competente depende de la materia: por regla general corresponde a la Audiencia Nacional, mientras que las resoluciones del TEAC sobre tributos cedidos corresponden al Tribunal Superior de Justicia competente. Las resoluciones de TEAR/TEAL que ponen fin a esa vía corresponden, como regla, a los Tribunales Superiores de Justicia (artículos 10.1.d–e y 11.1.d LJCA). Deben comprobarse la resolución y el pie de recursos para identificar el órgano judicial y el plazo aplicables.



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